• Mª Eugenia Moreno: “Las más de 2.100 ocupaciones ilegales producidas en la provincia desde 2018 confirman la urgencia que requiere una nueva ordenación jurídica que ponga fin al vacío legal al que se acogen los okupas”

 

Mª Eugenia Moreno

27 de octubre de 2020. El grupo popular en la Diputación de Sevilla ha presentado una moción para el próximo pleno provincial con el objetivo de instar al Gobierno de la Nación a aprobar una Ley Antiokupación que garantice la propiedad privada, así como la seguridad y la convivencia entre los vecinos.

 

La portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Mª Eugenia Moreno, ha asegurado que “según los últimos datos publicados, la ocupación ilegal de viviendas en España ha crecido un 58% en los últimos cinco años pasando de 7.739 casos denunciados en 2013 a 12.214 en 2018”. “Los cálculos estiman que hay un mínimo de 87.000 viviendas ocupadas ilegalmente en España a las que habría que sumar aquellas cuya ocupación no se ha denunciado”.

 

En caso de la provincia de Sevilla, desde 2018 se han producido 2.102 ocupaciones ilegales, 783 hechos conocidos de ocupación ilegal en 2019, en 2019 hubo 897 casos de ocupación y en lo que llevamos de año hasta el mes de junio y en pleno estado de alarma, ya se han producido 422 ocupaciones ilegales.

 

“Además, y desde el punto de vista judicial, desde 2018 se han presentado en la provincia 200 denuncias por ocupaciones ilegales de las que 80 continúan aún en trámite. Considera llamativo que en el 2019 aumentaron los asuntos ingresados respecto a 2018 en un 178,26%, pasando de 46 casos en 2018 a 128 en 2019, y solo en el primer trimestre de 2020 ya se han presentado 26 procedimientos judiciales por ocupación”.

Estos datos nos muestran como la ocupación ilegal es un problema creciente en nuestro país y en esta provincia que no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española, sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes.

 

Por tanto, es necesario reforzar el ordenamiento jurídico para que los okupas no puedan ampararse en ningún vacío legal para ejercer con impunidad la ocupación de viviendas y para proteger y garantizar la propiedad privada, la convivencia y la seguridad jurídica, además de luchar activamente contra las mafias que han hecho de la ocupación ilegal su negocio.

 

Para ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición de Ley Orgánica que propone medidas como que la autoridad pública o sus agentes podrán desalojar las viviendas ocupadas ilegalmente en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses; considera nula la inscripción en el Padrón municipal cuando la persona inscrita sea un ocupa ilegal; agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y regula nuevas penas para quienes fomenten la ocupación ilegal y si estas personas son responsables políticos incluye una inhabilitación de 15 años para ejercicio de cargo público.

 

“Además, esta proposición de ley refuerza los medios de los que disponen las comunidades de propietarios para combatir la ocupación ilegal, y las negativas consecuencias que tiene para la convivencia y la seguridad de los vecinos, que podrán adoptar medidas preventivas tales como tapiar o cerrar puertas o ventanas”.

 

“Por todo ello, desde el grupo popular en la Diputación de Sevilla hemos presentado una moción para, en primer lugar, manifestar el firme compromiso de la Diputación de Sevilla con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas, un compromiso absolutamente compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda”.

 

“En segundo lugar, solicitaremos que la Diputación inste al gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas”.

Y, por último, hemos propuesto apoyar las modificaciones legales y las medidas incluidas en la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.

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