• Alicia Martínez: “El lamentable desalojo de esta familia ha puesto de manifiesto el abandono en el que viven las familias inquilinas de viviendas sociales de la Junta, o peor aún, el clientelismo de la Junta en materia de vivienda pública”

Desahucio Rinconada 2El PP de Sevilla ha alertado de que “la falta de control de la Junta de Andalucía podría generar más casos como el desahucio de La Rinconada el pasado mes de junio y lamenta que el consejero de Vivienda tire balones fuera y no asuma su responsabilidad en la gestión del parque de viviendas sociales de la propia Junta de Andalucía”.

La Portavoz de Fomento y Vivienda en el Parlamento andaluz y diputada por Sevilla, Alicia Martínez, lamenta que “el consejero de Vivienda tire balones fuera como demostró en la comisión de Fomento y vivienda ante una pregunta parlamentaria sobre este desahucio cuando la Junta de Andalucía es la competente en controlar sus propias viviendas sociales”.

Para Martínez, “es inadmisible que se haya producido este desalojo sin que la Junta ni siquiera tuviera constancia de ello. Esto no solo evidencia la falta de control sobre estas viviendas, sino que además constata que se siguen produciendo desahucios de viviendas en Andalucía, en este caso de alquiler, y en el propio parque social de la Junta”.

“Es lamentable que la Junta mantenga en La Rinconada más de 700 viviendas sociales, de las que 400 están en la barriada La Estacada, o en la Barriada de La Cruz que es donde se produjo el desalojo forzoso, sin control de ningún tipo e incluso con compras-ventas ilegales, con préstamos bancarios, para apropiarse de un derecho que en este caso no está garantizado.

La parlamentaria popular ha afirmado que “no podemos entender que la adjudicataria de la vivienda social, la vendiera ‘bajo cuerda’ a otra familia y ésta a su vez a otra mientras la Junta de Andalucía mira para otro lado y sin cobrar los alquileres”.

“Mientras se trafica con estas viviendas y se especula con ellas, hay familias que se ven afectadas realmente por la imposibilidad de acceder a una vivienda y la única respuesta del Consejero es desentenderse de estos hechos diciendo que no han sido requeridos por el Juez en el proceso judicial”.

“La Junta de Andalucía está obligada a garantizar la seguridad jurídica y los derechos y deberes de las familias que viven en las viviendas sociales de la Junta de Andalucía. Sin embargo, no solo no está cumpliendo su obligación sino que además, con la actitud del consejero nos tememos que van a continuar con su falta de control y, en consecuencia, podrían producirse nuevos casos como el producido en La Rinconada”.

“El gobierno de Susana Díaz no puede seguir con los ojos tapados ante el mal uso de un parque social de vivienda, o sin poner en orden la gestión de los alquileres sociales, porque supone un clientelismo totalmente rechazable por tratarse de un derecho humano, como es la Vivienda”.

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