• Mª Eugenia Moreno lamenta que, “además, el Gobierno de Sánchez haya decidido tramitar una nueva ley educativa de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad en general”

 

 

Mª Eugenia Moreno

25 de noviembre de 2020. El grupo popular en la Diputación de Sevilla ha presentado una moción para el pleno de mañana con el objetivo de reclamar al gobierno de Sánchez la retirada de la Ley Celaá por vulnerar los derechos y libertades de los padres y poner en riesgo la educación en libertad para más de 84.000 niños sevillanos de los casi cien centros concertados de la provincia”.

 

La portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Mª Eugenia Moreno, ha lamentado, en primer lugar que “el gobierno de Sánchez haya decidido tramitar la nueva ley educativa de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general, pero además de esta absoluta falta de dialogo consenso y transparencia, la «Ley Celaá» representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanas al 30%”.

 

“En primer lugar, la LOMLOE supone la ruptura del Pacto Constitucional en materia educativa porque suprime las suprime las libertades educativas consagradas en el Artículo 27 de la Constitución Española y con ello impide a las familias españolas elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos”.

 

“En segundo lugar, ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el Artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza además de en la obtención, expedición y homologación de títulos. Y, en tercer lugar, elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador”.

 

Según la portavoz popular, “desde el PP consideramos la LOMLOE como un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimientos y competencias”.

 

Según Moreno, “se trata de una ley que perjudicaría en gran medida a la educación sevillana, puesto que no podemos olvidar que la provincia de Sevilla cuenta con 95 centros privados concertados con el sistema público educativo y en los que cada día reciben una educación de calidad y en libertad 84.000 alumnos sevillanos. Lo que nos preguntamos desde el PP de Sevilla es dónde pretende meter la ministra Celaá a estos alumnos si lo que pretende es vaciar la concertada”.

 

“Por todo ello, desde el Grupo Popular en la Diputación de Sevilla hemos presentado una moción para el pleno de mañana con el objetivo de reclamar al Gobierno de España que vuelva al Pacto Constitucional en materia educativa además de respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garantizan el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad”.

 

“Además, reclamamos respetar y cumplir el Artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; y garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial tanto en la red pública como privada concertada como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades”.

“Pedimos también adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación”.

“Asimismo, solicitamos la gratuidad a las etapas post obligatorias: Bachillerato y Formación Profesional y configurar la etapa de educación infantil de 0-3 años como una etapa voluntaria y gratuita; así como apoyar el recurso recuso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneran derechos recogidos en nuestra Carta Magna como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España según marca el Art 3 de la Constitución”.

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