El PP ha anunciado este viernes su decisión de remitir a la Fiscalía las cuentas que arroja el informe de liquidación de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, que agrupa a once localidades de Cádiz y Sevilla, al entender que dicho documento no recoge la totalidad de la deuda que tiene contraído el citado organismo, en pleno proceso de disolución, y faltan cantidades por contabilizar.

La secretaria de Organización del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha realizado este anuncio en una rueda de prensa en la capital hispalense en la que ha estado acompañada por el portavoz de los ‘populares’ en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Juan José Marmolejo, después de mantener una reunión con portavoces del partido en los ayuntamientos que conforman la mancomunidad, el mismo día, además, en que el organismo ha celebrado en el Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) una comisión de gobierno para dar cuenta del expediente de liquidación y convocar un pleno para abordar ese proceso.

Tanto Pérez como Marmolejo han coincidido en rechazar la veracidad de las cuentas que arroja el informe de la Intervención, que, según han explicado, muestra una deuda total de 43.823.034 euros, cantidad a la que habría que sumar, según los ‘populares’, un total de 8.288.839 euros en concepto de “derechos pendientes” de los ayuntamientos con la mancomunidad.

Además, el PP considera que “falta por contabilizar”, por un lado, un total de diez millones de euros que el organismo tendría que devolver con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) por “proyectos ambientales que no se llegaron a realizar”, algo más de siete millones que la mancomunidad “adeuda a la Seguridad Social”, y “subvenciones de la Junta y las diputaciones que se están reclamando”, según los ‘populares’, que, de esta manera, elevan a unos 60 millones el total de la deuda de este organismo.

A todo ello habría que añadir, según ha apostillado el portavoz del PP en Sanlúcar de Barrameda, las cantidades de dinero con las que el organismo tendría que indemnizar a su plantilla de trabajadores, que “en defensa de sus legítimos derechos han emprendido acciones legales para reclamar por sus despidos”.

CUENTAS DE “CIENCIA FICCIÓN”

Por ello, Marmolejo ha aseverado que las cuentas presentadas por la interventora “no cuadran de ninguna forma” porque hay “números que no aparecen”, mientras que Pérez ha tildado de “ciencia ficción” y “falsas” las cifras, al tiempo que ha apuntado que “algo tendrán que ocultar” quienes han gobernado la mancomunidad cuando “tanta prisa tienen en cerrar en falso este episodio”.

Asimismo, el representante del PP de Sanlúcar de Barrameda ha criticado la deuda de la sociedad instrumental Gesalquivir, que ha cifrado en 552.000 euros, ya que, según ha apostillado, con ello se demuestra que la empresa “no sólo no ha sido rentable, sino que ha tenido que entrar en concurso de acreedores”.

Según Marmolejo, “ya no es sólo el PP el que pone en duda la liquidación” de la mancomunidad, sino que también la secretaria general del PSOE de Cádiz y alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Irene García, “ha presentado un informe con asesores de la Junta en el que impugna esa liquidación porque tampoco está de acuerdo en la cuota de reparto” de la deuda que se ha fijado entre los ayuntamientos que la integran.

La secretaria de Organización de los ‘populares’ sevillanos ha advertido de que el PP “no va a pasar por el aro de no saber dónde está el dinero” que no recoge el informe de la liquidación, tras criticar la “mala gestión” de los socialistas que han gobernado la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, cuya “honradez” ha cuestionado, porque en un organismo “se pueden incrementar gastos respecto a lo inicialmente previsto, pero el dinero no puede desaparecer”.

Por ello, y “en aras de la transparencia”, ha apostillado, el PP ha decidido “poner las cuentas en conocimiento” de la Fiscalía para que ésta “arroje luz” sobre ellas, que están “absolutamente teñidas” de la “mala gestión” de quienes “no miraron por el dinero”, a quienes ha culpado de que “más de 272.000” ciudadanos –vecinos de las localidades de la Mancomunidad– “tengan que cargar” con el coste de la deuda, algo que, en su opinión, “no es justo”.

Por último, Virginia Pérez ha apuntado que el PP “no descarta realizar ningún otro tipo de acción individualmente en cada uno de los municipios” que se integran en la mancomunidad.

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