La directora del área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla y exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas, la socialista María José Cervantes, ha prestado declaración como “imputada” ante la Guardia Civil, en el marco de la investigación de la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas detectada en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos autonómicos, según han anunciado los diputados provinciales del PP Eloy Carmona y Virginia Pérez. Los diputados del PP, a tal efecto, reclaman al presidente de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), que cese a Cervantes como directora de área.

La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

LA TRAMA DE LOS ERE
La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de “discordancia administrativa” en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como “fondo de reptiles” por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados.

En este marco, el portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, Eloy Carmona, y la diputada Virginia Pérez han protagonizado este jueves una rueda de prensa en la que han avisado de que la directora del área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación y exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas, María José Cervantes, está “involucrada” en los hechos investigados. Es más, han anunciado que el pasado 17 de octubre de 2011, Cervantes prestó declaración “como imputada” ante la Unidad Central Operativa del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil.

LOS “PASOS A SEGUIR” EN EL ERE
Durante la rueda de prensa, el PP ha aportado un documento del atestado policial fechado el 25 de enero de 2012 por la Propia Guardia Civil, pues dicho documento, alude al papel de Cervantes en los hechos investigados cuando gobernaba el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas. El documento del atestado, en concreto, alude al exsindicalista jiennense Juan Lanzas, también uno de los principales imputados y beneficiario de varias prejubilaciones fraudulentas, pues él habría sido quien indicó “los pasos a seguir” en cuanto al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la empresa Aglomerados Morell S.A. en el marco del traslado de sus instalaciones a Villanueva del Río y Minas.

Y es que tales “pasos a seguir”, según desgrana el documento, habrían implicado el “inicio” de un ERE que se tradujo en 24 prejubilaciones entre cuyos beneficiarios figuraban dos personas ajenas a la propia plantilla de Aglomerados Morell S.A., lo que les convierte en “intrusos” de este expediente de regulación de empleo. Otro de los “pasos” habría sido, textualmente, “contratar a personas residentes en la localidad de traslado, para lo cual, mantienen varias reuniones con la alcaldesa socialista a fin de que esta consiga un beneficio electoral y actúe como medida de ‘presión’ para facilitar así las subvenciones necesarias para dicho traslado”.

LAS REUNIONES DE AGLOMERADOS MORELL
El documento contiene una anotación que hace “hincapié en la declaración efectuada por María José Cervantes, de la cual se extrae la afirmación en un principio de su no participación en reuniones respecto al traslado de Aglomerados Morell S.A. y, tras mostrarle un documento de fecha 23 de mayo de 2006 en el que se refleja lo contrario, declara que el motivo de la reunión con los administradores de Aglomerados Morell versaba sobre el traslado de la empresa. De igual forma, afirma no conocer a Juan Lanzas”.

Eloy Carmona y Virginia Pérez han señalado que Cervantes es la “protegida” del presidente de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, recordando que le fue otorgada la dirección de la mencionada área de la Diputación provincial tras haber perdido la Alcaldía de Villanueva del Río y Minas en las últimas elecciones municipales.

“CESE” POR SU “HISTORIAL JUDICIAL”
En ese sentido, han rememorado que figura como “imputada” en causas “anteriores”, pues la Fiscalía había detectado un posible delito de prevaricación en una serie de contrataciones promovidas durante sus mandatos y reclama para ella 16 meses de cárcel y 16 años de inhabilitación por dos licencias de obra otorgadas en suelo no urbanizable y en contra de los designios del arquitecto municipal. Los diputados provinciales del PP, de cualquier modo, han aseverado que Rodríguez Villalobos debe destituir de forma “fulminante” a María José Cervantes a cuenta de su “historial judicial”.

“Está metida de lleno”, han enfatizado recordando, además, su papel en las subvenciones autonómicas concedidas en el proyecto promovido en Villanueva de Río y Minas empresas relacionadas con el exalcalde socialista de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla.