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Virginia Pérez lamenta que “los ayuntamientos sevillanos tengan que hacer frente a esta pandemia sin la ayuda de la Diputación, con las manos atadas y sin recursos”
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El PP ha alertado que “no es el momento de parar las inversiones sino de incrementarlas, por ello, reclamamos a la Diputación que se implique e impulse un Plan extraordinario en ayuda de nuestros pueblos”
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El PP de Sevilla ha aplaudido el paquete de propuestas para los ayuntamientos que ha presentado el grupo popular en el Congreso de los Diputados y que demuestra, una vez más, que “el PP está yendo por delante de Sánchez en la gestión de la crisis”
13 de abril de 2020. El Consejo de Alcaldes del PP de Sevilla ha aprobado hoy instar al gobierno de la Nación que permita el uso del 100 por cien del superávit de los ayuntamientos para que puedan tener recursos para hacer frente a la pandemia y reclama a la Diputación de Sevilla que destine su superávit para impulsar un Plan Supera Extraordinario de inversiones en los pueblos sevillanos.
La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, que ha presidido hoy el Consejo de Alcaldes del PP para analizar las principales necesidades en la lucha contra el Covid-19, ha felicitado a los alcaldes populares por el gran trabajo que están realizando en sus municipios, aunque ha lamentado que una vez más, los ayuntamientos se están encontrando solos frente a una situación crítica, con las manos atadas y en muchos casos, sin recursos para hacer frente a los afectos del Covid-19.
“Los ayuntamientos sevillanos necesitan que de una vez se permita “flexibilizar la Regla de Gasto para que todos los Ayuntamientos puedan disponer del 100% del superávit generado en el año 2019 para implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia del COVID-19 siempre que no supongan gastos estructurales”.
Se trata de una iniciativa de sentido común en las circunstancias en las que nos encontramos y es una demanda generalizada entre los alcaldes de la provincia y no solo populares. Porque los ayuntamientos están haciendo frente a gastos extraordinarios que está generando la pandemia e incluso, y eso es lo que queremos evitar, no están llegando a algunas actuaciones simplemente porque la ley no le permite el gasto de ese superávit.
Además, los alcaldes populares nos han dejado claro, y así nos han reclamado, que las inversiones no pueden pararse. Muy al contrario, debe haber un impulso inversor en los municipios para ayudar a los ayuntamientos enfrentarse a la crisis económica que ya ha comenzado en nuestra provincia.
Por ello, es imprescindible que la Diputación de Sevilla se implique de verdad en ayudar a nuestros pueblos y deje ya su política de mirar para otro lado en esta crisis. La solución que esperan los ayuntamientos sevillanos es por tanto un impulso inversor y éste debe venir por la utilización del propio superávit de la Diputación para poner en marcha un gran Plan Supera Extraordinario de inversiones que palien en gran medida los efectos de la crisis económica
Iniciativas del PP en apoyo de los ayuntamientos
El grupo popular en el Congreso de los Diputados ya ha reclamado que se desbloquee este uso demostrando, una vez más, que es el PP el que está yendo por delante del gobierno de Sánchez en la gestión de esta crisis y marcando el camino de las medidas más necesarias e imprescindibles para todos.
La propuesta popular pasa por que los ayuntamientos de la provincia puedan destinar el superávit a gasto corriente o inversión y estos no computarán en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación Plan Económico Financiero para los supuestos de incumplimiento por uso del Remanente de Tesorería para Gastos Generals”.
De igual manera, hemos propuesto en el Congreso autorizar a los Ayuntamientos a realizar gastos no estructurales en áreas de las que estrictamente no son competentes (empleo, educación…) para la puesta en marcha de políticas, iniciativas y/o ayudas propias o complementarias de otras autonómicas y/o estatales para una conseguir atender de manera rápida, coordinada y eficaz a los vecinos afectados por la crisis del coronavirus y lograr que la recuperación económica y del empleo se produzca a la mayor brevedad”.
Además, hemos reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que se puedan prorrogar los plazos para que las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2019, puedan ejecutarse en 2021 dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma conllevará que muchas de ellas no puedan acabarse en 2020”.
También solicitamos al Gobierno que implante medidas para que los Ayuntamientos puedan aplicar su superávit a la finalidad prevista en el RDL 8/2020, como “la supresión del límite de la previsión de la estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020; la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente para la gestión de ayudas a personas vulnerables; y que no sean consideradas subvenciones las prestaciones económicas del Sistema de Servicios Sociales de CCAA y Entidades Locales a personas y familias en situación o riesgo de emergencia y/o exclusión social”.
Asimismo, con otra Proposición no de Ley, el GPP ha reclamado al Gobierno “a permitir que las entidades locales puedan desarrollar dentro del escenario presupuestario 2020, en el que se incluye la aplicación del remanente de tesorería del año 2019, competencias que no les son propias para complementar las medidas y ayudas puestas en marcha por otras administraciones para hacer frente a la pandemia”.
De igual manera, reclamamos al Ejecutivo que eleve “la tasa de reposición al 100% de la plantilla ya existente para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes para posibilitar una eficaz prestación de los servicios públicos (muchos de los cuales tienen el carácter de esenciales ante la crisis del COVID-19) ante la existencia de numerosas vacantes en las plantillas y el envejecimiento de las mismas”.
Además, se pide al Gobierno que “considere la pandemia como una situación de grave peligro, al objeto de que las Entidades Locales puedan adquirir bienes y contratar los servicios y suministros necesarios para hacer frente a sus efectos, mediante la tramitación de emergencia prevista en el art.120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”.
Finalmente, se insta al Ejecutivo a “pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente a diciembre de 2017; a poner en marcha medidas extraordinarias de liquidez, especialmente para que aquellas entidades locales que no hayan tenido superávit en sus cuentas públicas puedan poner en marcha medidas y ayudas puestas frente a la pandemia; a designar a las entidades locales como beneficiarias de aquellos Fondos de impulso prioritario de políticas sociales y de reconstrucción social y económica que se habiliten por el Estado dirigidos a las CCAA; y que la nueva programación de Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 se reoriente y adapte a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos específicos cuyos destinatarios sean las entidades locales”.
