• Patricia del Pozo: “Esta sentencia es ya un importantísimo precedente para garantizar la libre elección de colegios y obligar a la administración a asignar líneas educativas bajo criterios técnicos y no arbitrarios e ideológicos”
  • El PP alerta que “con esta política de eliminación de unidades infantiles lo peor está por llegar, puesto que ya han anunciado que habrá más líneas suprimidas para el año que viene”
Patricia del Pozo

Patricia del Pozo

El PP de Sevilla ha mostrado su satisfacción por la sentencia del TSJA que ha fallado contra la Junta de Andalucía por denegar una unidad de infantil y espera que la Junta de Andalucía “respete las decisiones judiciales y aplique el criterio de la demanda social en la educación sevillana”.

La parlamentaria popular por Sevilla, Patricia del Pozo, ha asegurado que “el fallo de TSJA en favor del mantener una unidad infantil más en el Colegio de Escolapios en Montequinto ha confirmado que la Junta de Andalucía elimina líneas educativas bajo criterios subjetivos e incluso ideológicos en lugar de utilizar la demanda social”.

“Hace años que la Junta empezó esta política de recorte de unidades de infantil en los colegios pero lamentablemente, lo peor estar por llegar, puesto que ya han anunciado que el año que viene van a eliminar más unidades por la bajada de natalidad en lugar de usar el criterio de demanda social que, tal y como determina la propia justicia con este fallo, es un criterio más objetivo y además satisface las reclamaciones de los padres y los centros educativos”.

“Esta sistemática eliminación de unidades en educación infantil, en este caso en un claro ataque a la educación concertada, es un ejemplo más en la política de acoso y derribo a la educación sevillana. La Junta de Andalucía ha dejado de invertir más de 100 millones de euros en infraestructuras educativas en la provincia de Sevilla desde 2012. Como consecuencia, en estos momentos hay unos 2.560 niños sevillanos que estudian en 128 caracolas que el gobierno de Susana Díaz mantiene instaladas en 40 colegios de 27 municipios de la provincia”.
“Pero la nefasta gestión educativa de la Junta no solo se desarrolla en cuanto a las infraestructuras. Hay que recordar que hace 14 años la Junta aprobó el Plan de apertura de centros que incluía tres tipos de servicios en los colegios de infantil y primaria para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral como eran el aula matinal, el servicio de comedor y las actividades extraescolares”.
“Pues bien, en estos momentos, y tras 14 años de gestión, el servicio de aula matinal solo llega a 341 centros educativos de infantil y primaria de los 554 que existen en la provincia. El servicio de comedor llega a 380 centros de 554 y las actividades extraescolares a 330 centros de los 554 centros que deberían albergarlas”.

Del Pozo ha lamentado además que “el gobierno de Susana Díaz siembre otra vez falsas esperanzas anunciando una segunda lengua extranjera en los colegios cuando ha sido incapaz de implantar en más de 10 años el bilingüismo o que haya que escuchar la propuesta de su socio sobre las cátedras de euskera, gallego y catalán en las universidades cuando la famosa propuesta del bilingüismo apenas llega al 26 por ciento en los colegios sevillanos”.

“Después de tantos años de gestión, en lugar de cantidad y del número de líneas que la Junta suprime cada curso, de lo que deberíamos estar hablando es de calidad y excelencia en la escolarización. Sin embargo, los datos están ahí y, lamentablemente, en lugar de mejorar la ratio, las infraestructuras y ofertas educativas, la educación sevillana va empeorando año tras año”.

Para la parlamentaria popular “este fallo se ha convertido ya en un importantísimo precedente para garantizar la libre elección de colegios y obligar a la administración a asignar líneas educativas bajo criterios técnicos y no arbitrarios e ideológicos. Por todo ello, pedimos a la Junta de Andalucía que asuma el criterio judicial que establece esta sentencia como propia y rectifique inmediatamente la aplicación de esta política en otros centros sevillanos que también se han visto perjudicados usando el criterio de demanda social”.

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