• “Es una empresa que se creó, única y exclusivamente, para la adoración del Alcalde y su equipo, y ha costado mucho dinero a todos los alcalareños” ha asegurado la Portavoz Popular Mª Carmen R. Hornillo.
  • Los representantes del PP en el consejo de administración de ACM fueron nombrados y convocados sólo para ser informados de la disolución de la empresa.
Mari Carmen Rodríguez

Mari Carmen Rodríguez

El viernes 25 de mayo se reunió por primera vez en este mandato el consejo de administración de la empresa pública de comunicación. Según los estatutos de la propia empresa, el consejo debe reunirse cada tres meses, a pesar de ello, los representantes del PP en el consejo fueron nombrados y convocados en esta ocasión sólo para ser informados de la disolución de la empresa.

Tras la reunión, los consejeros nombrados en representación del Partido Popular señalan que la deuda que reconoció el ejecutivo socialista al Ministerio de Hacienda por valor de 300.000 euros, “se queda corta, ya que según se recoge en los balances de la empresa, la deuda es de 500.000 euros más, siendo en total la factura a pagar por todos los alcalareños de 800.000 euros”.

El PP recuerda que la cantidad transferida a esta empresa desde los fondos públicos del Ayuntamiento ha sido de más de 900.000 euros en el último año, lo que demuestra que junto a la deuda acumulada, este año, se pagará a esta empresa del bolsillo de los ciudadanos 1,7 millones de euros.

El Partido Popular pidió reiteradamente desde años atrás, la disolución de esta empresa o bien la reestructuración de la misma, ya que su actividad y “mal llamada función pública, se basaba en ensalzar a Gutiérrez Limones”. Rodríguez Hornillos añade que “es una empresa que se creó, única y exclusivamente, para la adoración del Alcalde y su equipo, y ha costado mucho dinero a todos los alcalareños”.

Por otro lado, el PP a través de sus representantes en el consejo de administración de la empresa pública de comunicación, ha dejado expresamente señalado en el acta de la reunión su intención de aprobar la disolución de esta empresa siempre y cuando, entre cosas, se salvaguarden los derechos de sus trabajadores, que no son los responsables de la gestión de esta empresa y sus resultados.