La parlamentaria popular por Sevilla Alicia Martínez ha exigido este viernes soluciones ante las «50.000 viviendas ilegales que existen en la provincia, un problema que viene desde hace décadas por la falta de control de la Junta de Andalucía».

En rueda de prensa, Martínez asegura que desde el PP «siempre» se ha instado a que se pongan sobre la mesa «soluciones definitivas», pero que la Junta «no ha visto una prioridad solucionar este problema, porque cada vez que se ha hecho una modificación de la norma ha sido parcial, parches, y no de raíz».

Asegura que el anuncio a este respecto realizado por la presidenta andaluza, Susana Díaz, confirma el «fracaso» de ese decreto de regularización de 2012 por el que se regula el régimen de edificaciones en suelo no urbanizable. Así, menciona que en la provincia pueden haber unas 50.000 viviendas afectadas y la Junta «sólo habla del problema que afecta especialmente al litoral en Málaga, en la Axarquía, y en Almería», pese a que «también es un problema de los municipios de interior, como es el caso de Sevilla».

Martínez detalla que el PP está llevando iniciativas para solucionar esta situación desde 2008 para hacer las modificaciones legales que «garanticen la seguridad jurídica de los propietarios de viviendas y le ofrezcan una vía para cumplir con la ley, pero todas ellas han sido rechazadas». «Vemos necesario abordar una modificación legal en profundidad, con una perspectiva conjunta», añade.

La parlamentaria ha enumerado los municipios sevillanos que cuenta con una «problemática histórica», como es el caso de Arahal, Castilblanco de los Arroyos, Cantillana, Pilas, Coria del Río, Morón de la Frontera, Cazalla de la Sierra, Castilleja de Guzman o El Madroño, «porque muchos de ellos no han sido capaces de abordar sus planes generales de ordenación urbana». A esto suma que han existido «grandes diferencias» de criterio en los juzgados que tenían que ocuparse de la situación.

«No proponemos una amnistía total, porque eso beneficiaría a personas que se saltaron la ley, pero queremos que la cumplan ahora y paguen la sanción que corresponda, dándoles una vía jurídica segura», insiste, añadiendo que la Junta ha sido «incapaz de dotar a los municipios de las herramientas legales para ofrecer a los ciudadanos garantías en la construcción de las viviendas y lo ha hecho porque no se han aprobado los PGOU».

En este sentido, considera que sólo hay que ver el listado de planeamientos de Sevilla para darse cuenta de que «todos ellos están obsoletos y pendientes de revisión, porque los alcaldes se llevan años esperando la aprobación de la Junta para sacarlos adelantes, así como proyectos y viviendas».

Considera que la Junta ha sido «permisiva y ha mirado para otro lado todos estos años», recordando que el año pasado hubo cinco derribos en la provincia. «La situación es muy compleja y no se puede abordar tan alegremente como lo ha hecho Díaz, con una actitud irresponsable. La solución pasa por tener voluntad política», concluye, tras pedir además que se mejore el reglamento del planeamiento, que es de 1978, para agilizar la gestión y que Díaz «reconozca su fracaso en el ordenamiento de Andalucía».