La vicesecretaria de Organización del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y la portavoz del PP del municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache, María Luisa Moya, han anunciado este lunes la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla para que investigue unos hechos que aseguran podrían ser constitutivos de un presunto delito de fraude y prevaricación, en referencia a las “irregularidades detectadas” en la contratación de los servicios de mantenimiento de parques y jardines de la localidad por parte del Consistorio sanjuanero.

En rueda de prensa, Pérez explica que en los años 90 el Ayuntamiento firma convenio con una empresa de viveros que se compromete al mantenimiento de los parques y jardines de San Juan a cambio de la cesión de los terrenos donde se instala, por lo que “en base a ese convenio que está vigente el consistorio no tendría que gastar ni un céntimo más en contratar a otras empresas”, algo a lo que suma la existencia de cuatro trabajadores municipales dedicados a estas tareas de mantenimiento. Además, advierte de que el Ayuntamiento gasta más de 100.000 euros en estos contratos “menores de servicio”.

En este marco, Moya indica que estos contratos se hacen mediante un procedimiento negociado que requiere la invitación a participar de un mínimo de tres empresas diferentes, pero “en estos procedimientos no se ha seguido ese precepto con total legalidad”.

“La misma empresa que es contratada es la que comunica al Ayuntamiento cuales son las otras dos empresas que tiene que llamar a concurso, dos empresas que son fantasmas”, añade, tras indicar que con este procedimiento también se ha contratado a otra firma para el mantenimiento de un solo parque y a otra más para los tratamientos fitosanitarios de todas las zonas verdes. También, llama la atención sobre “el coste tan alto, con más de 100.000 euros al año para el mantenimiento de parque con duplicidades de empresas, además de la plantilla municipal dedicada a lo mismo”.

El PP considera que se ha incurrido en un presunto fraude de ley y prevaricación en la adjudicación del contrato de mantenimiento a esta empresa de parques y jardines “al no seguir el procedimiento de negociado que marca la ley”. “Esta situación se ha ido sucediendo en el tiempo y se ha llevado a la Fiscalía para que el alcalde responda ante la justicia ya que ante el Pleno no quiere responder”, sentencia, tras indicar que esta forma de actuar “sólo va encaminada a favorecer a empresas afines al PSOE”.

“SIN CONSTANCIA” DE LAS EMPRESAS INVITADAS

La denuncia menciona que la junta de gobierno del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache aprobó en febrero de 2011 el pliego de condiciones para adjudicar el servicio de conservación y mantenimiento de jardinería, zonas verdes y red de riego del término municipal mediante un procedimiento negociado sin publicidad y tramitación ordinaria, para lo que se solicitaría ofertas de al menos tres empresas capacitadas con un gasto máximo de 60.000 euros. El día 23 de marzo de 2011 se aprueba como “oferta más ventajosa” la de Deco-Jardín Aljarafe SLU, constando como “única proposición presentada”, por 60.000 euros, tras lo que se procede a firmar el contrato el día 29 de abril de 2011.

Sin embargo, el PP detecta “una serie de graves irregularidades”, apuntando que es “un apoderado de la empresa adjudicataria quien facilita a un técnico municipal los datos de las otras dos empresas a invitar”, mencionando a Viveros Reina y Deniajardines. Además, agrega que “no consta el expediente de invitación a participar en el procedimiento de ninguna empresa, ni justificante, ni proposición de éstas” y que “personados en los domicilios de Viveros Reina y Deniajardines no consta la existencia de dichas empresas, ni tampoco en el Registro Mercantil ni como autónomos”.

“Ha resultado presuntamente beneficiada por dichas irregularidades la empresa Deco-Jardín SLU, al haber sido la única participante y haber obtenido la adjudicación del contrato por el gasto máximo aprobado sin quita alguna, resultando perjudicado el Ayuntamiento de San Juan y el interés público municipal al no existir concurrencia de licitadores”, sentencia, tras pedir que se realicen actuaciones y diligencias para esclarecer si pudiera haberse cometido un “presunto delito de fraude y otro de prevaricación”, apuntando a la “presunta autoría” de los siete miembros de la junta de gobierno que en marzo aprobaron la adjudicación del contrato.