La parlamentaria autonómica del PP de Sevilla Alicia Martínez ha advertido de que la “incertidumbre” que pesa sobre el cobro de los incentivos del programa autonómico de Impulso a la Construcción Sostenible está afectando a las empresas que han ejecutado obras conforme a tales ayudas y han anticipado su coste, al tratarse de trabajos por valor de menos de 18.000 euros. “Si las empresas no cobran, se pueden producir despidos”, ha dicho.

En rueda de prensa, Martínez ha señalado el decreto Ley 1/2014 del Gobierno andaluz que regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible, con su correspondiente convocatoria de incentivos para los años 2014 y 2015. Los incentivos, cofinanciados al 80 por ciento por los fondos europeos, están dirigidos a facilitar inversiones que favorezcan el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética y el aprovechamiento de las energías renovables mediante obras de rehabilitación, reforma, adecuación al uso e instalaciones eficientes.

En uno de los párrafos correspondientes a los incentivos, el decreto regula literalmente “una tramitación simplificada para aquellas solicitudes de actuaciones incentivables de importe inferior a 18.000 euros, IVA excluido, en la que la solicitud y tramitación de los incentivos se realiza por las empresas colaboradoras adheridas, en representación de las personas y entidades beneficiarias, una vez ejecutada la actuación incentivable”. “Las empresas colaboradoras anticipan a las personas y entidades beneficiarias el importe del incentivo, previa cesión del derecho para su cobro por parte de éstas, mediante una reducción equivalente a dicho importe en el total de la factura que expiden a los beneficiarios.

SE AGOTAN LOS FONDOS

Pues bien, Alicia Martínez ha explicado que después de crear un fondo de 150 millones de euros para la convocatoria de incentivos en cuestión, un 80 por ciento del dinero procedente de Europa como hemos dicho, la Junta de Andalucía suspendió en apenas “dos meses” la vigencia de la convocatoria de ayudas por “agotamiento” del capital disponible, pues el número de solicitudes de incentivo habría copado el fondo habilitado. En la provincia de Sevilla, por ejemplo, concurrieron unas 7.300 solicitudes para una asignación provincial de casi 34,6 millones de euros.

No obstante, Alicia Martínez avisa de que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha copado incentivos por valor de 43 millones de euros en esta convocatoria de ayudas, para financiar actuaciones “atrasadas” su propio parque público de viviendas, un dinero que se le “quita a los particulares”. Del mismo modo, avisa de que “la mayoría” de las obras promovidas por particulares no sobrepasan el umbral de los 18.000 euros, por lo que las empresas que realizan las obras en cuestión anticipan “la financiación” de los trabajos a la espera de la transferencia de los incentivos una vez las obras hayan acabado “en su totalidad”.

PROBLEMAS EN LAS EMPRESAS

Tal extremo, según el PP, está generando “situaciones realmente difíciles” para estas empresas porque afrontan la obligación de anticipar el coste de las obras, es decir de “financiar a la Junta de Andalucía” según Martínez, “con la incertidumbre de no saber cuándo van a cobrar los proyectos ejecutados”. “Si las empresas no cobran se pueden producir despidos”, ha manifestado reclamando “un compromiso de pago” de las ayudas ya autorizadas, una “ampliación” de estos incentivos y una “concreción” de la fórmula de entrega que ofrezca seguridad a las empresas.

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