El Partido Popular ha acusado a la Junta de Andalucía de “desmarcarse del concierto de las 60 plazas que prometió para la Residencia de Mayores de Montellano” y alerta del “grave perjuicio para los mayores que supone esta situación y del riesgo de pérdida de 20 puestos de trabajo si la Junta no cumple su compromiso”.
La parlamentaria del PP Patricia del Pozo ha recordado que ya ha pasado un año desde que el Centro Residencia para Mayores San Fernando y Santa Elisa abrió sus puertas a cargo de la empresa Sando Gestión Social Andalucía “pero la Junta aún no ha cumplido con su compromiso de concertación de plazas, que efectuó por dos veces y por escrito. El primero de ellos, de 2010, hablaba de 80 plazas que quedaron reducidas a 60 cuando el compromiso se ratificó en 2012. Ahora la Junta está demostrando es incapaz de asumir sus compromisos”.
El incumplimiento de la Administración Autonómica “conlleva –ha añadido Del Pozo- pérdida de patrimonio y de recursos económicos a los usuarios a los que se les prometió una plaza concertada porque no pueden hacer frente a las tarifas del centro”.
“Pero –ha continuado- no es ese el único perjuicio que ocasiona el incumplimiento de la Junta porque al no haber concierto se pone en peligro el mantenimiento de los 20 puestos de trabajo actuales y se imposibilita crear otros 50, que la empresa que gestiona el centro se comprometió a crear en Montellano”.
Igualmente, “la entidad financiera que apoyó el proyecto puede intervenir legalmente dejando a Montellano sin el edificio del antiguo asilo, que fue hipotecado para financiar la construcción del nuevo”.
“De todo esos perjuicios –ha añadido Patricia del Pozo- es responsable la Junta de Andalucía porque su compromiso también fue determinante para que la empresa Sando Gestión Social Andalucía se hiciera cargo de la gestión del asilo, asumiendo las deudas de sus anteriores responsables y emprendiendo la construcción del nuevo gracias al apoyo de diferentes entidades. Ahora está claro que la firma de Manuel Antonio Gálvez, delegado provincial de la Junta cuando se adquirió el compromiso en 2010 y que seguía en el cargo en 2012, fue papel mojado”.
La parlamentaria popular ha asegurado que “el bipartito continúa su política de acoso y derribo de los derechos sociales de los sevillanos. Empezó con la educación, siguió con la sanidad y ahora continúa con los servicios sociales de nuestros pueblos y, en este caso, con un sector tan sensible como el de nuestros mayores”.
