• Virginia Pérez teme que la anunciada convocatoria de empleo público no se ejecute y avisa de las deudas de la Junta con la Diputación
Virginia Pérez

Virginia Pérez

El Grupo popular de la Diputación de Sevilla ha descartado este miércoles que el 63 por ciento del gasto no financiero del proyecto presupuestario de la institución provincial para 2016 sea destinado a políticas sociales, avisando de que los socialistas tienen un concepto demasiado “amplio” del gasto social. Además, avisan de que las aportaciones estatales copan el capítulo de inversiones reales del proyecto presupuestario y temen que no se ejecute la prometida convocatoria de empleo público.

   A grandes rasgos, el nuevo presupuesto de la institución provincial, que asciende en su cifra consolidada a más de 416,86 millones de euros tanto en ingresos como en gastos, está marcado por 263,5 millones de euros destinados a gastos no financieros entre los que destacan, principalmente, casi 119 millones de euros en gastos de personal, –es decir salarios y cotizaciones a la Seguridad Social–, 31,45 millones en gastos corrientes, bienes y servicios, 57,9 millones de euros en transferencias directas a los ayuntamientos, –cinco de ellos en un nuevo Plan de Urgencia Municipal (PUM)–, 29,4 millones de euros en “inversiones reales”, 6,26 millones para el fondo de contingencia e imprevistos y 18,4 millones a transferencias de capital.

   En el plano de los gastos financieros, figuran 8,9 millones de euros para la amortización de deudas, que cae un 41,6 por ciento respecto a 2015, y 1,14 millones de euros en intereses bancarios, aspecto que baja un 39,7 por ciento respecto al año pasado, toda vez que también figuran “activos financieros” por valor de 144,4 millones de euros.

DIFERENTES INTERPRETACIONES

   Pero mientras el Gobierno provincial socialista defiende que el 63 por ciento de los 263,5 millones de euros contabilizados como gasto no financiero se dedican a “políticas sociales”, la portavoz del PP en la Diputación, Virginia Pérez, ha advertido de que los socialistas tienen un “amplio concepto” del “gasto social”, porque en dicho 63 por ciento incluyen gastos destinados a aspectos como “urbanismo y vivienda, abastecimiento de agua potable, movilidad urbana, protección civil, el servicio de bomberos o el alcantarillado”. Así, ha descartado que el 63 por ciento de los gastos no financiero se destinen a políticas sociales como tal, asegurando que este tipo de políticas cuentan sólo con el “39 por ciento” de los gastos no financieros.

   Del mismo modo, Virginia Pérez ha alertado de que en los 29,4 millones de euros en “inversiones reales” figuran 17,3 millones de euros aportados por el Estado para el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFOEA), porque de hecho, el Estado aporta cerca “del 60 por ciento” del volumen presupuestario total de los nuevos presupuestos de la Diputación, unos 230 millones de euros según Virginia Pérez.

   La dirigente popular, en ese sentido, expone que las aportaciones estatales crecen en tres millones de euros respecto al año en curso, mientras la Junta de Andalucía aporta 30,9 millones de euros, 23 de ellos a la aplicación de la Ley de Dependencia, si bien la administración andaluza adeudaría a la Diputación provincial unos “19 millones de euros” porque comprometió más de 23 millones de euros para políticas de dependencia en los presupuestos provinciales de 2014 y de dicho montante sólo habría pagado cinco millones.

   Contando con las partidas comprometidas para programas como los de tratamiento de menores y de atención a la drogodependencia, según Virginia Pérez, las deudas de la Junta de Andalucía con la Diputación superan los 20 millones de euros. Al respecto, expone Pérez que el artículo 57 de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local permite introducir “cláusulas” en los convenios de cofinanciación entre la Diputación y la Administración autonómica, al objeto de que si la segunda incurre en impagos, la institución provincial tiene la opción de pedir directamente al Estado la aportación de los ingresos equivalentes inicialmente destinados a la comunidad autónoma para los programas afectados por dichos impagos. Los socialistas, según opina, no han aprovechado dicho resorte a propósito.

MÁS DINERO AL PUM

   En cuanto a los 18,4 millones en transferencias de capital incluidos en el proyecto presupuestario de 2016, Pérez alerta de que más de 15 millones corresponden a la aportación que debe formalizar la Junta para los materiales de obra del PFOEA, considerando insuficiente destinar cinco millones de euros a un nuevo Plan de Urgencia Municipal porque tal aspecto requirió diez millones durante el año en curso. “No hay que presupuestar menos de lo que se sabe que se va a necesitar”, ha dicho.

   Además, ha avisado de que las partidas destinadas a la concertación de plazas en residencias de mayores baja de 1,1 millones de euros a “195.000 euros” y que el plan de infraestructuras deportivas, que contaría con 3,28 millones, resulta insuficiente a la hora de repartirlo entre “104 municipios”, sobre todo cuando los mismos tendrán que aportar por su parte “1,2 millones de euros”.

   Y ante los 600.000 euros presupuestados para promover una convocatoria de empleo público, los populares temen que la misma no se ejecute y el dinero quede “en el cajón desastre” porque a su juicio, con “un mes” de plazo para promover la iniciativa tras la aprobación de los nuevos presupuestos, la Diputación no logrará convocar las plazas. Finalmente, ha criticado que el gerente de la sociedad provincial Sevilla Activa cuente con un salario bruto anual de 70.948 euros”, bastante más que el sueldo de la presidenta de la Junta de Andalucía, y ha anunciado que la Justicia ha declarados nulos los nombramientos “a dedo” de los directores de dos residencias de mayores pertenecientes a la Diputación.

   Para el PP, la Diputación provincial “deja a los pueblos sin inversión y si a Villalobos le sobra el dinero”, es entonces cuando impulsa planes de inversiones como los Supera. Por eso, Virginia Pérez ha reclamado “recuperar el plan provincial de inversiones”, para que los municipios cuenten con una “planificación” precisa del dinero con el que pueden contar para sus actuaciones.