El PP de Sevilla ha presentado ante la Fiscalía de Sevilla una denuncia contra la liquidación de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, la cual, en la actualidad, debe asumir el pago de 6.008.324,17 euros como consecuencia de los reintegros de subvenciones que le fueron concedidas.

En el escrito, hasta diez portavoces del PP de diferentes municipios de Sevilla, que pertenecen a la mancomunidad, denuncian que “la dejadez de la entidad en las funciones de supervisión, ejecución y justificación de las subvenciones ha ocasionado un perjuicio económico grave contra su patrimonio”.

En la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, la diputada provincial del PP Virginia Pérez ha asegurado que no van a “aceptar un cierre en falso de la mancomunidad con más de 50 millones de deuda”, por lo que exigen “responsabilidades y no solo políticas”.

De esta manera, la entidad pide que se abran diligencias contra el expresidente de la mancomunidad y exalcalde del municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, Antonio Maestre (PSOE), y contra el exgerente de la misma, José Antonio Navarro.

Según los portavoces, en una sesión extraordinaria de la mancomunidad “se puso de manifiesto que durante 2011 existía remanente negativo de tesorería de doce millones de euros”.

Así, durante 2004 y 2008, la mancomunidad había recibido determinadas subvenciones concedidas por diferentes administraciones. “La memoria justificativa de la solicitud de una de las subvenciones contenía la realización de unos gastos y un destino que luego no se ha correspondido con los gastos realizados y el destino dado a la subvención”, declaran en el escrito.

Pérez ha señalado que “dónde está este dinero lo saben los que administraron la entidad durante esos años”, por lo que “los culpables tienen que ir dónde sea, pero lo que no pueden estar haciendo ahora es gestionar dinero público en otras administraciones”.

Los portavoces denuncian que todos estos datos ponen de manifiesto que “los responsables de solicitar y ejecutar las subvenciones no han dado a las mismas el destino para el que fueron concedidas, desconociendo dónde ha ido a parar el importe de esas subvenciones que ahora hay que reintegrar”.

Tal y como recogen en la denuncia, en la sesión extraordinaria de la mancomunidad se llegó a un acuerdo inicial para su disolución, “ya que no pueden hacerle frente a estos gastos”.

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