El PP de Sevilla ha defendido este viernes que es «mentira» que la Junta de Andalucía no cuente con opciones para apoyar económicamente a las familias desalojadas del bloque número uno del residencial Jardín Atalaya, ubicado en Camas. Según el PP, tras el acuerdo firmado entre la Consejería de Fomento y el Estado para la aplicación del vigente plan estatal de vivienda, el Gobierno andaluz cuenta con una vía para subvencionar a estas familias «mileuristas» que acaban de contratar un estudio del edificio valorado en 75.00 euros.

Las parlamentarias del PP por Sevilla Patricia del Pozo y Macarena O’Neill, junto a la candidata de Camas por el PP para las elecciones municipales, Manuela Reina, han celebrado este viernes una rueda de prensa en torno al desalojo del bloque número uno del residencial Jardín Atalaya, ocurrido el pasado 10 de octubre. En 2008, el bloque número dos del residencial Jardín Atalaya ya fue desalojado como consecuencia de las grietas y deficiencias que presentaba el edificio al haber sido levantado en una zona de arcillas expansivas, allá por los años 70.

Esta vez, en el marco de una reforma que uno de los vecinos del bloque número uno realizaba en su vivienda, ubicada en la planta baja del edificio, fueron detectadas anomalías que motivaron que la comunidad de propietarios contratase a un arquitecto para que supervisase el estado de la construcción. Este arquitecto, a través de unas catas, habría descubierto que uno de los pilares del edificio está «bastante afectado» por los efectos de su construcción sobre arcillas expansivas, con lo que los bomberos y los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Camas determinaron el «desalojo preventivo» del edificio, en el que residían 38 familias.

NO HAY SUBVENCIONES

Tras una serie de reuniones entre los afectados, el Ayuntamiento de Camas y la Delegación territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, habría quedado de relieve que las familias no pueden solicitar ayudas autonómicas para la rehabilitación de viviendas, pues no habría abierta ahora mismo ninguna línea de subvenciones en ese sentido y el conjunto de familias, además, cuenta con ingresos superiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), aspecto que les excluiría del acceso a ayudas de esta naturaleza. En concreto, fuentes de la Administración autonómica han precisado a Europa Press que 24 de las 38 familias superan dicho límite.

Pero según las dirigentes populares, es «mentira» que la Junta de Andalucía «no pueda hacer nada» para apoyar económicamente a estas familias. «No tienen motivos para negarse porque no necesitan que esté en vigor ningún plan autonómico (de rehabilitación de viviendas), pues la consejera de Fomento y Vivienda (Elena Cortés (IU-CA)) ha firmado un acuerdo de colaboración con el Estado para empezar a aplicar el plan estatal de vivienda y dicho plan establece específicamente este tipo de programas de rehabilitación de edificios con graves daños estructurales, de forma excepcional y sin requisitos económicos o de renta», ha dicho Patricia del Pozo, quien defiende además que la Junta cuenta con fondos habilitados a tal efecto.

«NO LES AYUDAN PORQUE NO QUIEREN»

Igualmente, avisa de que la Junta de Andalucía puede «quitar» el mencionado requisito en materia de Iprem porque se trata de un aspecto introducido por el propio Gobierno andaluz en la regulación de subvenciones autonómicas en materia de rehabilitación de viviendas y dicho aspecto no está sujeto a la legislación nacional. «Es mentira que no les ayuden porque no pueden. Les están mareando pero no les dan solución alguna», han dicho.

Patricia del Pozo avisa además de que el edificio en cuestión linda con un colegio público y si el bloque finalmente se derrumbase, podría caer sobre el propio centro educativo, con lo que «si hay alguna desgracia, podría haber hasta responsabilidades penales». Así, ha anunciado que el PP elevará una pregunta al Parlamento andaluz para que la consejera de Fomento y Vivienda «diga si va a hacer algo o no» para solucionar la situación de estas familias, además de una proposición no de Ley (PNL) al respecto.