La parlamentario del Partido Popular por Sevilla, Alicia Martínez, junto con la diputada nacional Silvia Heredia y la secretaria de Igualdad, María Luisa Moya, han mantenido una reunión de carácter institucional con miembros del CSIF de Sevilla, donde han abordado los principales problemas que afectan a los funcionarios andaluces en varios sectores, concretamente en la sanidad, la educación, la justicia y la propia administración autonómica.

Así, Martínez ha señalado que “desde el Partido Popular siempre hemos defendido la dignidad de los funcionarios y lo seguiremos haciendo. El desinterés y la desidia del gobierno andaluz hacia los empleados públicos es una constante y no podemos consentir que la Junta siga maltratando a los empleados públicos, algo que viene haciendo desde la aprobación de la ley 3/2012 de Reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía, en la que se aprobó la suspensión de la paga extra y otros recortes”

“Como consecuencia de estos recortes del gobierno que dirige la señora Díaz, los empleados públicos de la Junta han dejado de cobrar la paga extra en los años 2012, 2013 y también este año, mientras que los empleados públicos andaluces dependientes del gobierno central, si la han cobrado”, ha explicado Martíne

“Por tanto, el anuncio que lanzó el pasado jueves la señora Díaz sobre la restitución de la paga a partir del próximo año 2015 no es más que un brindis al sol, porque además debe restituir los complementos adicionales, las ayudas de acción social, la productividad, y el pago de las horas extra en los años en que ha sido suspendida”, ha matizado la parlamentario popular.

Además, Martínez ha recordado que “el gobierno andaluz tiene abiertos muchos frentes con los empleados públicos. Por ejemplo, en el sector de la sanidad, la Junta mantiene contratos precarios, de horas, días, ofreciendo contratos a distancia, para que renuncien a los mismos. En el ámbito de la justicia, desde el PP vamos a defender que se respete el informe de Orden de efectivos que ha elaborado el presidente del TSJA, frente a la pasividad del gobierno andaluz y la saturación de los empleados de Justicia.

En educación, nuestra provincia cuenta con 800 docentes menos, las bajas no se cubren con sustituciones y hay un descontrol absoluto en la contratación de  monitores, para lo que hemos reclamado el convenio firmado entre el Gobierno andaluz y el sindicato UGT para dar entrada a monitores sin concurrencia competitiva e igualdad de oportunidades”.

Por último, la parlamentaria popular ha anunciado que “desde el Partido Popular vamos a defender e impulsar el diálogo con el Gobierno de la Nación para solucionar los problemas que dependen del Ejecutivo central”.

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