Los parlamentarios del PP por Sevilla Patricia del Pozo y Rafael Salas han avisado de que la Junta de Andalucía ha “dejado tirados” al 30 por ciento de los ciudadanos y familias que han solicitado el salario social entre 2008 y 2013 al denegar sus peticiones.

Los parlamentarios autonómicos del PP han explicado que la provincia de Sevilla suma aproximadamente 314.000 parados y 109.000 familias con todos sus miembros en paro, toda vez que en el conjunto de la provincia, Cáritas Diocesana atendió durante a 2013 a un total de 75.214 personas pertenecientes a 21.059 familias frente a las 63.457 personas de 26.728 familias atendidas en 2012, contabilizando durante 2013 un total de 111.604 intervenciones sociales frente a las 84.902 actuaciones de 2012. Cáritas, según recuerdan, ha elevado un 80 por ciento sus ayudas en los últimos años.

En ese sentido, han explicado que entre 2008 y 2013, la Junta de Andalucía dio su visto bueno a 44.038 solicitudes formuladas por personas o familias para acceder al salarios social, denegando otras 18.937 solicitudes por aspectos diversos, como por ejemplo “el presupuestario”. “Se ha denegado el 30 por ciento de las peticiones de salarios social. La Junta deja tirados al 30 por ciento de los solicitantes del salario social pese a que son personas en una situación límite”.

Los populares han recordado que tanto la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, como Cáritas Diocesana, avisan de un “empeoramiento de la cobertura de las necesidades sociales”, alertando de que “los datos reflejan que la pobreza estructural se ha instalado definitivamente en esta provincia”.

Volviendo al asunto del salario social, avisan de que está “mal gestionado” porque no se conecta con “fórmulas de empleo y de contratación” y, además, “es insuficiente y se retrasa en el pago”, exponiendo el caso de “una mujer sin recursos y dos hijos a su cargo que tuvo que esperar nueve meses para cobrar 3.500 euros”.

Dado el caso, los populares reclaman “que por ley se aprueba una renta básica, como derecho subjetivo, en el ámbito de una ley general de inclusión social” que complemente el salario social con “actuaciones integrales, de formación y empleo, para sacar a la gente de la pobreza”.

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