El PP de Sevilla ha avisado este miércoles de que la Diputación provincial y la Consejería de Educación han “metido en un cajón” un total de 14 actuaciones acordadas en 2010 para la mejora de la red de centros educativos de la provincia, pese a que ambas partes habían conveniado entonces la reserva de fondos para estas intervenciones destinadas a la mejora de las infraestructuras educativas sevillanas.

La candidata número diez del PP de Sevilla a las próximas elecciones autonómicas, Dolores Calderón, y el diputado provincial Juan de la Rosa ha explicado, en rueda de prensa, que en 2010 la Diputación provincial y la Consejería de Empleo formalizaron un convenio destinado a la promoción de mejoras en las infraestructuras docentes de la provincia.

Mediante este convenio, según han señalado, la Consejería de Empleo aportaba 15 millones de euros para tales actuaciones, toda vez que el mismo acuerdo recogía un total de 14 actuaciones “claras” en centros educativos de 14 municipios, al objeto de que tales intervenciones fuesen costeadas con los “remanentes” de la inversión global en el caso de haberlos.

Se trataba, en concreto, de actuaciones en municipios como Écija, Almensilla, La Puebla de Cazalla, El Coronil o Espartinas. Los dirigentes populares, no obstante, han explicado que según la información expuesta en el último consejo de administración de la sociedad provincial ‘Sevilla Activa’, dependiente de la Diputación, aunque la ejecución del citado convenio se ha saldado con un “remanente positivo” de 3.656.600 euros, las citadas 14 actuaciones han quedado “en un cajón por la puesta en marcha del Plan OLA” a manos de la Consejería de Educación, que comprende unas 50 “nuevas” actuaciones, pero no contemplaría las 14 intervenciones ya mencionadas pese a que en su momento fue reconocida su “prioridad”.

Así, han cuestionado el destino final de este remanente y han lamentado que estas 14 actuaciones ya acordadas hayan quedado “en un cajón” ante los nuevos planes de la Consejería de Empleo, extremo que desde su perspectiva pone en tela de juicio la “autonomía” de la Diputación provincial.