20160204 Alcala de GuadairaDespués de que el juez que investiga a la extinta sociedad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra Alcalá Comunicación Municipal (ACM), por supuestos gastos privados o sin control, haya pedido a las Cortes Generales “testimonio” del acta de diputado del alcalde, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, el PP de Sevilla señala que esta decisión judicial constituye “el principio del fin” de la vida política de Gutiérrez Limones. Por eso, le reclaman que abandone la Alcaldía y solicitan al conjunto del PSOE “medidas contundentes” sobre él.

La portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, María del Carmen Rodríguez Hornillo, y la secretaria general del PP de Sevilla, Virginia Pérez, han celebrado este jueves una rueda de prensa, acompañada por el resto de ediles del PP alcalareño, para dar cuenta de la providencia del Juzgado mixto número dos de Alcalá que ordena “librar oficio a las Cortes Generales, a fin de que a la mayor brevedad posible remitan testimonio del acta de diputado de Antonio Gutiérres Limones”.

El juez, en esta providencia recogida por Europa Press, acuerda tal extremo “teniendo en cuenta la condición de aforado del mismo y la existencia de indicios de criminalidad”.

Para el PP, esta decisión significa “el principio del fin” para el alcalde alcalareño y diputado nacional del PSOE, porque “con toda probabilidad, será investigado por el Tribunal Supremo” al tratarse de una persona aforada por su condición de diputado en el Congreso. “Los indicios se convierten en realidad”, avisa Rodríguez Hornillo, según la cual la investigación ha puesto de relieve que los socialistas, presuntamente, usaron ACM “para su beneficio político propio”. Dado el caso, la portavoz popular ha pedido la “dimisión” de Gutiérrez Limones como alcalde.

Virginia Pérez, de su lado, ha reclamado a la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez; a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz; y al líder federal del PSOE, Pedro Sánchez, que “pongan encima de la mesa las medidas oportunas” sobre el alcalde de Alcalá, porque constituye “una mochila” política que “no pesa precisamente poco”. “Hay indicios de criminalidad por presunta corrupción. Hablamos de posibles delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. Exigimos medidas contundentes”, ha dicho Virginia Pérez apelando a los líderes del PSOE.

EL CASO ACM

Todo parte de una denuncia entregada el 19 de junio de 2013 por las fuerzas de oposición del Ayuntamiento alcalareño en la Fiscalía, relativa a los gastos de esta sociedad municipal entonces en periodo de liquidación. Dicha denuncia contenía una grabación en la que el entonces contable de la sociedad, Javier Luque González, hablaría de la supuesta financiación de gastos particulares y privados de todo tipo, con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio alcalde entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio del contable.

Los gastos facturados a ACM pero ajenos a sus fines, según la posterior investigación, incluirían supuestamente “viajes a Puerto Rico, Sierra Nevada o Estados Unidos”, así como “una operación quirúrgica” a la que se habría sometido el gerente, José Luis Díaz, o “regalos” tales como “relojes y libros”, así como una mesa de ping-pong adquirida como “regalo” para el hijo del alcalde.

El asunto supuso la incoación de diligencias por parte del Juzgado mixto número dos de Alcalá y un atestado inicial de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial reflejaba la localización de facturas por valor de 976 euros cargadas a las cuentas de ACM por un viaje a Madrid que incluyó billetes de tren, alojamiento en un hotel, y entradas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia. Viajes El Corte Inglés, encargada de gestionar el viaje, habría facilitado a los agentes “documento por el cual se identifica nominalmente a Antonio Gutiérrez Limones, acompañado de una señora y dos niños menores”, como las personas que se alojaron en el citado hotel.

El Gobierno municipal, de su lado, esgrime que hay “pruebas” de que tres de las cuatro facturas de ese viaje no fueron abonadas por la citada sociedad municipal y niega las acusaciones, toda vez que el más reciente de los atestados de la Policía Judicial de la Guardia Civil da cuenta de que ACM encargó a diferentes proveedores trabajos o suministros “sin presupuesto previo” e incluso “sin contrato”, incurriendo en un “incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público” tanto por este extremo como por una presunta “fragmentación” intencionada de su facturación.

EL ÚLTIMO ATESTADO DE LA GUARDIA CIVIL

En el citado atestado, recogido por Europa Press, los agentes exponen que si bien ACM fue constituida en 2001 con un objeto social “enfocado a la gestión de los medios y prestación de servicios de comunicación públicos del Ayuntamiento”, el objeto social de esta sociedad fue ampliado dos años más tarde “de forma indeterminada”, toda vez que la jurisprudencia “es unánime al exigir que el objeto social no sea ambiguo o indeterminado, porque ello impide un conocimiento cabal de la oportunidad y conveniencia de la constitución de la sociedad”.

En el caso de ACM, según la Policía Judicial de la Guardia Civil, “se amplió de forma indeterminada su objeto social” y “en multitud de ocasiones” esta empresa municipal era “una mera intermediaria entre el Ayuntamiento y sus proveedores, a los que ACM contrataba, en los casos en los que había contrato, y pagaba cuando pagaba”, partiendo de la premisa de que la empresa pública carecía de “medios suficientes para cumplir con lo establecido”, con lo que “con esa ambigüedad e indeterminación del objeto social, cualquier cosa se le podía encomendar”.

El atestado policial insiste en que las contrataciones de ACM “incumplían la legalidad vigente en lo referente a la Ley de Contratos del Sector Público (…), sin existir muchas veces contratos previos que avalasen la prestación del servicio”. “Todo ello (…) con la connivencia, visto bueno o dejadez de funciones de los órganos encargados de la ejecución, dirección o administración de ACM”, opinan los investigadores, según los cuales al contemplar el objeto social “cuantas actividades o servicios coadyuven a la mejora de la imagen, promoción y desarrollo de Alcalá de Guadaíra, fácilmente se podrá justificar el empleo de ACM para cualquier fin, es decir un comodín al servicio de quienes lo puedan manejar, que eran quienes tenían la mayoría en el pleno y en el Gobierno local”.

EL PAPEL DE LIMONES

“Nunca debió ampliarse el artículo dos de los estatutos de ACM (relativo al objeto social) en los términos expresados, constituyendo su aprobación un acto irregular que facilitó la capacidad de maniobra de los administradores de la empresa pública para cometer los actos delictivos investigados, volviendo a tener Gutiérrez Limones un papel protagonista en esa ampliación de los estatutos, desde el momento en que esa medida fue aprobada por el órgano que presidía, es decir la junta general de ACM”, resumen los investigadores.