- Avisa de una tardanza de más de una hora para que un bombero funcionario acuda a Alanís para asistir a los bomberos voluntarios
El Grupo popular de la Diputación de Sevilla está preparando un informe «técnico jurídico» destinado a «acreditar» que el Sistema Provincial de Bomberos puede ser gestionado mediante un «ente supramunicipal», avisando en paralelo de que el plan operativo para 2016 pergeñado por la institución para dicho sistema «mantiene convenios y adendas de dudosa legalidad» y «desprecia absolutamente a la Sierra Norte».
La secretaria general del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y la diputada provincial Carolina González Vigo han analizado el estado del Sistema Provincial de Bomberos, dividido entre los parques y plantilla dependientes directamente de la Diputación y los adscritos a los municipios.
El debate sobre los recursos humanos y materiales del Sistema Provincial de Bomberos ha avanzado en paralelo a los planes aprobados para el mismo, dado que en 2005 fue aprobado un primer Plan director de Bomberos para el periodo 2006/2013, de cuya «consecución» se contabilizaban un parque central en Sanlúcar la Mayor y 26 pertenecientes a las entidades locales, así como 527 efectivos divididos entre 326 bomberos funcionarios o de carrera y 201 en régimen voluntario.
Ya en 2014, la Diputación aprobaba un «plan de transición» para el Sistema Provincial de Bomberos, sobre todo para adaptarlo a la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local», que determina que en los municipios con población inferior a los 20.000 habitantes, es la Diputación provincial la que posee la competencia propia de prestar este servicio. Merced a dicho plan transitorio, la Diputación firmó 19 convenios de colaboración con la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe y 18 ayuntamientos, para el mantenimiento de los parques de la provincia.
EL PLAN OPERATIVO DE 2016
De cualquier modo, el «programa operativo» elaborado para 2016, un documento recogido por Europa Press, pretende «continuar» con el espíritu del primer plan director y el de transición, incluyendo la «renovación de la flota» con una inversión de unos 7,25 millones de euros dividida en seis anualidades, para la adquisición de 24 nuevos vehículos. El plan recoge además el compromiso de incorporar «20 bomberos funcionarios de la Plantilla de la Diputación» y adscribirlos al área Campiña-Sur, así como culminar los nuevos parques de bomberos de Osuna y Lebrija y promover un nuevo parque «en el eje operativo de la A-92» para las comarcas de la Campiña y la Sierra Sur.
Del mismo modo, el plan contempla un concurso público para el suministro durante cuatro años de nuevos equipos de protección individual (EPI) para los bomberos por valor de 1,6 millones de euros. En cuanto a los convenios a firmar con cada uno de las entidades locales para sufragar el funcionamiento de los parques de bomberos de la provincia, el plan contempla una subvención de un millón para la Mancomunidad del Aljarafe y 3,4 millones de euros a dividir entre el resto de parques con cuyos ayuntamientos media convenio.
EL PP AVISA DE «DUDOSA LEGALIDAD»
Las dirigentes populares, en ese sentido, exponen que este programa «mantiene convenios y adendas de dudosa legalidad», aviso manifestado por cierto por «los secretarios e interventores» de los ayuntamientos que firman tales convenios. Igualmente, alertan de que el mencionado programa «mantiene los criterios de dispersión (de los efectivos), con un desprecio absoluto hacia la Sierra Norte».
Virginia Pérez y Carolina González Vigo han expuesto que dicho programa no constituye una «salida» a los problemas que sufre el Sistema Provincial de Bomberos. Prueba de ello, según las populares, es que efectivos del sistema pertenecientes a «distintos» municipios han celebrado ya una reunión, para manifestarse «en contra» de la actual organización y «denunciar la situación de inseguridad jurídica que refleja el sistema». «Todos los agentes» implicados en el Sistema Provincial, según el PP, están «de acuerdo» en rechazar el actual modelo de gestión.
Dado que el mencionado programa operativo de 2016 «no contiene ni una palabra sobre la creación de un ente supramunicipal» que actúe como instrumento de gestión, el Grupo popular de la Diputación de Sevilla está preparando un informe «técnico jurídico» destinado a «acreditar» que el Sistema Provincial de Bomberos puede ser gestionado mediante un «ente supramunicipal». En paralelo, reclama la celebración de una «mesa» con «todos los actores» para repensar el modelo de gestión, así como la «ampliación de la plantilla» con al menos 20 nuevas plazas de bomberos funcionarios que presten especial atención a la Sierra Norte.
«SITUACIONES DE RIESGO»
Y es que en la Sierra Norte, seis parques atienden a los 116.000 habitantes de los 24 municipios de la comarca, pero ninguno de ellos cuenta con bomberos funcionarios y los voluntarios, según la Ley de Emergencias de Andalucía, puede actuar en un incendio «sin estar asistido por un bombero funcionario». «Si hay un incendio en Alanís, un bombero funcionario del parque de Cantillana tardaría una hora y diez minutos en llegar. Eso es una situación de riesgo», han denunciado las dirigentes populares.