El Grupo Popular en la Diputación va a proponer en el próximo Pleno que la Corporación Provincial inste a la Junta de Andalucía a aclarar qué figura (consorcio, agencia o algún otro) quiere que gestione el transporte metropolitano en el área de Sevilla que a diario es utilizado por miles de personas.

El portavoz del PP en la Diputación, Eloy Carmona, ha añadido que con su propuesta, “los populares queremos, además, que la Junta de Andalucía aclare en qué situación quedarían los ayuntamientos, o la propia Diputación, si optan por no continuar en el Consorcio Metropolitano de Transporte”.

“El futuro del Consorcio –ha agregado Carmona- está en el aire y también lo está la movilidad de las miles de personas que a diario lo utilizan. Por eso es imprescindible que la Junta aclare  qué herramienta va a gestionar el transporte metropolitano”.

El portavoz popular ha añadido que “la Junta tiene que prestar los servicios a los que está obligada y, sobre todo, tiene que solucionar los problemas de transporte del área metropolitana que en los últimos meses ha visto como el Consorcio encarecía el precio de sus billetes y reducía el número de autobuses y de recorridos privando a los sevillanos del transporte que necesitan en sus desplazamientos”.

Carmona ha recordado que el Consorcio Metropolitano de Transporte está integrado por la Junta (45 %); por la Diputación (5 %), y por 45 ayuntamientos de la provincia  (50 % restante, teniendo el de la capital el  24,37 %).

“El pasado día 3 – ha añadido el portavoz del PP en la Diputación- se convocó el Consejo de Administración del Consorcio en relación a la incidencia de la Ley  27/2013, de Racionalización y sostenibilidad de la administración local. En dicho Consejo se pedía a cada entidad local consorciada que en el plazo de un mes se pronunciara sobre su continuidad o no en este Consorcio, entendiéndose que si en este plazo no existía un pronunciamiento firme, desistían de su pertenecía al mismo”.

No obstante “estos puntos de acuerdo quedaron finalmente sobre la mesa  ya que existe un informe jurídico del secretario del Consorcio, que pone en duda la legalidad del procedimiento ya que, entre otras cosas,  a las entidades consorciadas se les pide que se pronuncien sin conocer como quedaría exactamente su situación”, ha dicho Carmona.

“Ante esa situación – ha finalizado- la Junta está obligada, por competencias y por el compromiso con la provincia, a especificar qué quiere hacer en el futuro con la movilidad entre los municipios del

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