La vicesecretaria de Organización y diputada provincial del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y la parlamentaria popular Patricia del Pozo han advertido este jueves de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado la improcedencia de uno de los recursos de casación promovidos por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), contra las dos sentencias del Alto Tribunal andaluz que condenan a esta entidad y al Ayuntamiento de La Rinconada a pagar a 18 euros en lugar de seis la expropiación de cien hectáreas intervenidas para el desarrollo urbanístico de Pago de Enmedio.

   El Pago de Enmedio, recogido en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus), es un proyecto del Ayuntamiento de La Rinconada y la Empresa Pública del Suelo de Andalucía, destinado a conectar los núcleos de población de La Rinconada y San José mediante la creación de un área de desarrollo urbano de 135 hectáreas que incluye 4.500 viviendas, el 73 por ciento de ellas protegidas. No obstante, todas estas viviendas siguen aún pendientes de ser edificadas.

   En el marco de este proyecto, la Administración pública compró 35 de las hectáreas afectadas a 18 euros cada metro cuadrado, expropiando otras cien hectáreas a seis euros cada metro cuadrado después de no haber alcanzado un acuerdo económico sobre estos suelos en cuestión con sus respectivos propietarios. Las acciones judiciales emprendidas por éstos últimos titulares de los suelos expropiados derivaron en dos sentencias, de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, anulando el acuerdo previo de la Comisión Provincial de Valoraciones y zanjando que el justiprecio de estas expropiaciones debe elevarse siempre a 18,03 euros el metro cuadrado.

   Pues bien, Virginia Pérez y la parlamentaria popular Patricia del Pozo han comparecido este jueves en rueda de prensa para dar cuenta de las últimas novedades de este conflicto. Y es que, según han manifestado, si bien EPSA promovía recursos de casación contra ambas sentencias, emitidas en enero y abril de 2012 por la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, el propio Tribunal andaluz habría declarado ya improcedente uno de estos recursos. “Han archivado el recurso de casación”, han manifestado las dirigentes populares, que auguran la misma suerte para el recurso de casación restante.

   Entretanto, los propietarios que protagonizan estas acciones judiciales “han recurrido también” las citadas sentencias porque estiman que el justiprecio sigue por debajo de lo que realmente cuestan los terrenos”. De cualquier modo, las dirigentes populares avisan de que los presupuestos generales del Ayuntamiento de La Rinconada para 2013, “ya aprobados” inicialmente con una cifra de 40.119.315 euros, se enfrentan a un “problema mayúsculo” porque, de ser ordenada finalmente la ejecución de ambas sentencias, sería necesaria una cuantía de 10.689.678 euros para compensar al colectivo de vecinos recurrentes. “Estamos hablando de un 26,64 por ciento del presupuesto”, han enfatizado las populares.

   De hecho, media en el caso las alegaciones que este colectivo de personas había elevado a los presupuestos del Ayuntamiento de La Rinconada para 2013. El documento de alegaciones, recogido por Europa Press, señala en efecto las dos sentencias en cuestión y da cuenta de que, frente a los recursos de casación promovidos por EPSA, “el TSJA ha dictaminado la improcedencia” de uno de ellos “por no cumplir los requisitos de cuantía que la Ley Procesal exige”. “Este pronunciamiento es aplicable” al restante recurso, según las alegaciones, que reclaman “el reconocimiento e inclusión de los créditos en el presupuesto municipal de 2013”.

   “Es un problema mayúsculo para el Ayuntamiento”, señalan las populares, quienes avisan de una importante “merma” en los presupuestos municipales si finalmente se ejecutan ambas sentencias. A tal efecto, los populares reclamarán explicaciones al alcalde rinconero, Javier Fernández (PSOE), en el próximo pleno del Consistorio, así como la comparecencia de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el Parlamento andaluz.

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