El Juzgado de lo Penal de Sevilla ha ordenado la averiguación patrimonial de la exalcaldesa de Aguadulce tras el auto que desestima la petición de Isabel Ortiz de suspender cautelarmente las penas. El PP de Aguadulce reclama a la exalcaldesa que cumpla con las penas a la que fue condenada hace más de un año y lamenta que durante este tiempo se haya dedicado más a intentar escapar de la justicia que ha cumplir con ella tras la orden
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Aguadulce, Isabel Marquez, ha asegurado que “desde que la exalcaldesa socialista fuera condenada a ocho años de inhabilitación y a una multa de 4.050 euros impuesta en 2011 por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística, el objetivo de Isabel Ortiz ha sido intentar escapar de su responsabilidad con la justicia”.
Según Márquez, “de esta manera, ya solicitó el beneficio de sustitución de la pena impuesta por la de trabajos en beneficios y, tras su denegación por parte del Juzgado el 8 de mayo de este año, volvió a intentar no cumplir con la condena solicitando la suspensión de la pena de multa e inhabilitación especial mientras se tramitaba el indulto”.
“En un auto del Juzgado de lo Penal nº 4 de Sevilla del pasado 24 de septiembre, el Juez desestima el recurso de reforma contra el auto anterior y confirma el auto en todos sus extremos. Pero además deniega la suspensión cautelar de las penas que había solicitado Isabel Ortiz”.
Como consecuencia de este auto, el propio juzgado ordena que, “visto el estado de las actuaciones y no habiéndose realizado por la penada ingreso alguno de la cantidad impuesta en concepto de multa por sentencia firma, a pesar de haber sido requerida para ello en dos ocasiones, se proceda a la averiguación patrimonial de la penada y con su resultado se acordara”.
La portavoz popular ha manifestado que “lamentamos que la exalcaldesa no haya querido acatar la sentencia de la justicia y esté intentando escapar a toda costa. Isabel Ortiz tenía una responsabilidad como representante público que fue incapaz de cumplir cuando cometió un delito de prevaricación, pero ahora tiene una obligación con la justicia y con los ciudadanos que no puede continuar eludiendo. Por ello, desde el PP reclamamos a la exalcaldesa que pague la multa a que fue condenada en firme hace un año”.
