El Partido Popular de Sevilla ha defendido la importancia de la Reforma de la Administración Local para el buen funcionamiento de los servicios sociales así como para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios cumpliendo, además, con el objetivo una administración una competencia.

La parlamentaria del PP por Sevilla, Patricia del Pozo, ha afirmado que “con esta Reforma se aclaran de una vez las competencias que corresponden a los ayuntamientos, debiendo la Comunidad Autónoma asumir todo lo referente a Servicios Sociales. Por primera vez se garantiza el coste financiero de estos servicios y se ofrecen varias posibilidades en caso de que la Comunidad no quiera asumirlos en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley”.

Del Pozo ha visitado a los usuarios del Centro Ocupacional de Minusválidos ‘Siete Millas’ en Lora del Río. Esta visita ha estado motivada “por la campaña de desprestigio y miedo llevada por el PSOE local a esta asociación tras advertirles en innumerables ocasiones que con la Reforma iban a quedar desprotegidos y sin servicio”.

“Cuando la nueva Ley entre en vigor, la Junta tendrá un año para asumir las competencias en materia de servicios sociales que prestan muchos de los ayuntamientos sevillanos. Si no lo hace, pasarán a ser prestados por los ayuntamientos con cargo a financiación autonómica. Por tanto, esta ordenación de las competencias no va a perjudicar en absoluto a los dependientes o asociaciones y centros de minusválidos sino todo lo contrario, que una misma administración sea la que ofrezca todo el servicio supone una mayor especialización y mayor calidad en la atención”.

“Se acabó esa práctica tan habitual en Andalucía de que los ayuntamientos se ven obligados a prestar servicios que no les corresponden sin que la Junta les traspase la financiación oportuna. A partir de ahora, si la Junta no asume la competencia y tampoco paga al Ayuntamiento la prestación del servicio, será el Gobierno de la Nación el que retendrá de sus transferencias ese dinero a la Junta y lo ingresará directamente al Ayuntamiento”.

“Para años sucesivos, la Reforma ofrece también a los ayuntamientos la posibilidad de conveniar estos servicios con la Junta de Andalucía, con la misma garantía de pago por parte del Estado en caso de incumplimiento. Y, finalmente, la nueva Ley también permitirá que los ayuntamientos que así lo decidan puedan mantener esta competencia como impropia y que gestionen los servicios sociales por sí solos si financieramente pueden asumirlo y son eficientes”

La parlamentaria sevillana también ha afirmado que “Desde el PP estamos y estaremos en alerta para garantizar que la Junta cumpla con su deber de prestar unos servicios sociales de calidad y unos servicios sociales ajustados a las necesidades de la provincia, porque es precisamente esta administración la responsable de dar cobertura a los sevillanos en materia de servicios sociales”.

Finalmente, Del Pozo ha recordado que, “aunque todos sabemos que los ayuntamientos y los colectivos sociales llevan años gestionando estos servicios, ahora casi insostenibles por la falta reiterada de pago por parte de la Junta, esperamos que en esta ocasión la Junta sí cumpla con su obligación de asumirlos. Y, si no lo hace, que al menos cumpla con su obligación de pagarlos a los ayuntamientos”.

Con la reforma, “el servicio será de mayor calidad y la Junta estará obligada a ofrecer el servicio ya sea en la gestión o en el pago ya que con la reforma del PP si no se asumen los servicios y tampoco se cumple con la obligación de pago, será el Estado el que por primera vez garantizará el cobro a los ayuntamientos reteniendo a la Junta el dinero de las transferencias e ingresándoselo a los consistorios”

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