20151103 alicia discapacitadosLa parlamentaria andaluza del PP por Sevilla Alicia Martínez ha alertado de que la Junta de Andalucía sólo ha concedido a las entidades sin ánimo de lucro que gestionan los Centros de Atención Infantil Temprana de la provincia «el 43 por ciento» de las subvenciones solicitadas para sufragar los servicios prestados durante el primer semestre de 2015. Así, acusa al Gobierno andaluz de «hacer trampas con la discapacidad».

 La dirigente popular ha evaluado la situación de los servicios de atención temprana, destinados a prevenir posibles trastornos de desarrollo y atender a los niños y niñas, aproximadamente 4.500 en la provincia de Sevilla, que los padecen o tienen riesgo de padecerlos. Estos niños, en ese sentido, requieren un apoyo específico que debe comenzar desde el inicio de su vida para conseguir los efectos positivos deseados.

   Entre los cero y seis años, estos niños y niñas venían siendo atendidos en Andalucía en los denominados Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT), cuya financiación se realizaba por tres vías: convenios con los ayuntamientos, subvenciones y conciertos con la Junta de Andalucía. Pero a finales de 2014, la Junta redujo la financiación de estos centros a conciertos con entidades y «empresas privadas» del sector, según Alicia Martínez, quien recuerda que el Parlamento andaluz, con el apoyo de todas las fuerzas a excepción del PP, aprobó una proposición no de Ley para retirar este modelo de concierto, dado que así lo reclaman «las familias y asociaciones» del sector.

   En paralelo, y según ha profundizado, las entidades sin ánimo de lucro que vienen prestando estos servicios en los Centros de Atención Infantil Temprana vía subvenciones autonómicas han comprobado, según Martínez, cómo la Junta de Andalucía les ha concedido sólo «el 43 por ciento» de las cuantías solicitadas respecto a los servicios prestados durante el primer semestre de 2015.

CON NOMBRES Y APELLIDOS

   Así, ha detallado que la asociación Asedown, por ejemplo, solicitó 46.446 euros y le han sido concedidos poco más de 29.000 euros, mientras Autismo Sevilla había solicitado 49.143 euros y le han sido concedidos 20.673 euros, por ejemplo. Asperger Sevilla, de su lado, había solicitado 40.945 euros y sólo ha recibido, finalmente, 7.106 euros. Así, ha preguntado retóricamente «quién va a pagar los servicios prestados» por estas entidades sin ánimo de lucro, manifestando su temor ante la posibilidad de que sean las familias quienes afronten un «repago».

   Respecto al programa autonómico destinado a incentivar la contratación eventual de parados de más de 30 años de edad, ha expuesto el caso de un grupo de asociaciones del sector de la discapacidad que se acogió a este programa para contratar a psicólogos, terapeutas o educadores. Un número de contrataciones, según la dirigente popular, fue realizado más allá de la fecha tope habilitada por el programa a cuenta de los escasos plazos del mismo, pero «siguiendo instrucciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la Consejería», que ahora «no reconoce» estas contrataciones como puestos de empleo subvencionables, extremo que podría provocar «el cierre» de alguno de los centros.

   Así, ha anunciado «iniciativas» al Parlamento andaluz para que la Junta de Andalucía reconozca las citadas contrataciones como puestos incentivables en su programa de empleo y se salden «las deudas» con las entidades de los centros de atención infantil temprana, porque no se puede «hacer trampas con la discapacidad».