La coordinadora general del PP de Sevilla, Virginia Pérez, junto al vicesecretario de Organización del PP de Sevilla, Juan de la Rosa, han anunciado que pedirán «explicaciones urgentes» sobre la situación del Consorcio Provincial de la Vivienda, teniendo en cuenta que «en 2012 se anunció su liquidación, pero no se hizo y continúa con su deuda en aumento y con los municipios teniendo que presupuestar fondos».

En rueda de prensa, De la Rosa alerta de la «tremenda situación que padece la provincia con la administración paralela que tiene el PSOE a través de los consorcios y mancomunidades», cuyo objetivo es «la colocación de cargos socialistas».

Recuerda que este ente «fue creado por el PSOE en 2007 con la finalidad de entregar 12.510 viviendas en el área metropolitana y que nunca se entregaron». Además, añade que la Junta de Andalucía tiene más de 30 consorcios en la provincia, siendo 12 de ellos «participados directamente» por la Diputación.

Concretamente, Pérez detalla que el Consorcio de la Vivienda se creó en 2007 entre la Diputación de Sevilla, con un 45 por ciento; 28 municipios, «en ninguno de los que gobernaba el PP, que no creía en él; y la Junta de Andalucía, con un diez por ciento. Así, se contaba con una inversión inicial de 300.000 euros, «de los que 245.000 euros –el 81 por ciento– se dedicó a gastos de personal, 40.000 euros a gastos corrientes y sólo 15.000 euros a inversión real».

Ante esta situación, explica que en enero de 2012 el presidente de Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, «anuncia el cierre de este Consorcio pero el ente nunca se llega a liquidar». Así, precisa que mientras tanto los ayuntamientos «siguen presupuestando la partida anual para este ente como medida de prudencia al no tener constancia oficial de la liquidación y la deuda de un millón y medio de euros que ha generado el Consorcio desde 2007 sigue creciendo porque el ente sigue vivo, por lo que no se ha hecho nada en los casi tres años que han pasado».

«A día de hoy, el balance de liquidación es cero», concluye, tras criticar que la Diputación rechazar la comisión solicitada por el PP para aclarar la situación de este consorcio. Por eso, ahora exige saber «desde dónde se están prestando los servicios, qué ha pasado con este ente, además de preguntarse si el director gerente seguía o no cobrando al no estar disuelto». También se pregunta por la deuda de la entidad y sobre cómo se afrontará.