• Propone además nueve millones de euros para acabar con las aulas prefabricadas de los centros educativos

20161117-presupuestosLas enmiendas del Grupo popular de la Diputación de Sevilla al proyecto presupuestario del Gobierno provincial socialista para 2017 proponen destinar un millón de euros para promover una convocatoria de empleo público, duplicar la partida destinada al Plan de Urgencia Municipal, recuperar el plan provincial de obras y servicios y disolver la mayoría de las entidades satélite de la institución, al objeto de ahorrar costes.

A grandes rasgos, el proyecto presupuestario de la institución y sus organismos y sociedades para el año 2017 asciende a algo más de 424 millones de euros, es decir casi ocho millones más que el vigente presupuesto. De los 424 millones de euros presupuestados en materia de gastos para 2017, el gasto no financiero, es decir el gasto destinado a aspectos como inversiones, servicios o nóminas, por ejemplo, sube de los 263,5 millones de euros de este año, a unos 276 millones de euros.

Dentro de estos 276 millones de euros dedicados a gastos no financieros, según la documentación consultada por Europa Press, el capítulo de personal, dotado en 2016 con casi 119 millones de euros principalmente para salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, crece un 3,65 por ciento hasta los 123,3 millones de euros. En cuanto a las partidas destinadas a gastos corrientes y servicios, crecen de los 31,44 millones de euros de este año, a 35,2 millones de euros en 2017.

Ya en el plano de los gastos financieros, que suman algo más de 148 millones de euros, figuran activos propios de la Diputación provincial por valor de 141,8 millones de euros, a destinar sobre todo en diferentes líneas de anticipos a los ayuntamientos, salvo casi 1,35 millones de euros destinados a «préstamos a personal laboral y funcionario». De otro lado, los pasivos financieros caen de casi nueve millones de euros a menos de 6,25 millones de euros.

Sobre estas cifras, Virginia Pérez ha defendido que el Estado aporta a la Diputación más de 250 millones de euros de los ingresos previstos para sustentar los gastos, en concreto 231,6 millones de euros de carácter «no finalista» y 18,7 millones de euros para «programas específicos» como el Plan de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea). «El Gobierno cumple con la provincia», ha enfatizado exponiendo que las aportaciones de la Junta a los nuevos presupuestos se limitan a 45,6 millones de euros, incluyendo una partida de 23 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia, una asignación que lleva «tres años» congelada, según el PP.

CONVOCATORIA DE EMPLEO

En cualquier caso, las enmiendas del PP al nuevo proyecto presupuestario proponen destinar algo más de un millón de euros al objeto de promover una convocatoria de empleo público, principalmente para la creación de 25 nuevas plazas de bomberos funcionarios. Además, propone el PP duplicar las partidas destinadas al Plan de Urgencia Municipal (PUM), para que cuente con diez millones de euros y no cinco.

El PP pide, además, recuperar el plan provincial de cooperación con las obras y servicios de competencia municipal, avisando de que aunque su desaparición fue suplida con el programa Supera, que reinvierte los excedentes presupuestarios de la propia Diputación en actuaciones municipales, los «requisitos» de dicho plan desencadenan que las subvenciones no lleguen a todos los municipios.

De otro lado, las enmiendas del PP reclaman asignación económica para redactar el proyecto de construcción del parque de bomberos de Mairena del Alcor y que el programa de conservación de carreteras provinciales cuente con cinco millones y no sólo con 3,57. Las enmiendas del PP, además, solicitan nueve millones de euros para acabar con las aulas prefabricadas de los centros educativos de la provincia, adelantando dicho dinero a la Administración educativa.

Por último, los populares solicitan en sus enmiendas la disolución de varios de los organismos autónomos y sociedades instrumentales de la provincia, como es el caso de la Casa de la Provincia, la sociedad Sevilla Activa, Prodetur, el Consorcio Provincial del Agua o el Consorcio de Aguas del Huesna.

Y es que según Virginia Pérez, se trata de entes cuyas funciones puede asumir directamente la Diputación, toda vez que el Consorcio Provincial del Agua, por ejemplo, destina el 90,76 por ciento de su presupuesto a «personal», figurando como «inversión» sólo 5.000 euros inicialmente destinados a «nuevo software» para un GPS topográfico adquirido hace años.

En cuanto al Consorcio de Aguas del Huesna, recuerda Virginia Pérez que la empresa Aguas del Huesna S.L., perteneciente al consorcio, es el ente que verdaderamente presta los servicios de gestión del ciclo integral del agua, por lo que reclama su disolución en favor de dicha empresa pública, toda vez que en el caso de la Casa de la Provincia, sus funciones son «perfectamente» asumibles por la propia Diputación y su disolución implicaría un ahorro de más de 111.000 euros al año, en materia de sueldos para contratos de alta dirección.

«Son unos presupuestos continuistas, que denotan el agotamiento y el hastío del Gobierno provincial del PSOE y que tienen las mismas carencias que en los años anteriores», ha enfatizado Virginia Pérez.