• “La alcaldesa socialista María del Mar Romero se negó a darnos documentación los Grupos Socialista, Ganemos Marchena e IU sobre las dotaciones presupuestarias recibidas”

El PP de Marchena ha valorado que la Justicia le haya dado, una vez más, la razón tras demandar al Ayuntamiento de la localidad por vulnerar el derecho de la portavoz del Grupo Popular, Esther Álvarez, a acceder y recibir información pública para desempeñar su labor como concejal.

Así lo ha expresado la portavoz popular después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya fallado que se vulneró su derecho de recibir información que previamente solicitó al Ayuntamiento sobre la documentación presentada por los Grupos Socialista, Ganemos Marchena e IU de las dotaciones presupuestarias recibidas durante los ejercicios económicos 2017 y 2018 por asignaciones a grupos políticos.

“A los días de nuestra petición, la alcaldesa socialista dictó una resolución suspendiendo el acceso a dicha información sin amparo legal o motivo reglamentario alguno, un atropello que desde el PP no íbamos a permitir”, ha asegurado la portavoz poniendo como ejemplo el artículo 23 de la Constitución Española que subraya que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

Asimismo, según ha recordado, “los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”. “Ante la obstaculización a la labor de la oposición que estaba permitiendo la alcaldesa, llevamos el tema a los tribunales que hoy nos dan la razón”, ha insistido.

“Ha tenido que ser la justicia la que ha obligado al Ayuntamiento a cumplir con la ley ya que la alcaldesa se negó a entregarnos las cuentas argumentando que el PP haría un uso torticero de las mismas. Es de una incoherencia absoluta que demuestra que lo único que le importa a la alcaldesa es quedar por encima de los demás a costa del dinero de los marcheneros”, ha añadido Esther Álvarez.

El fallo, además de obligar a entregar la documentación requerida, impone las costas procesales al Ayuntamiento, una cuantía que “tendrán que pagar con el dinero de todos marcheneros”. Esther Álvarez ha asegurado que este caso es ya habitual en el Ayuntamiento dado que ya acumulan más de 14 procesos judiciales contra el Consistorio, todos ellos ganados hasta la fecha. “La actitud de la alcaldesa asfixia la labor política democrática y perjudica a los ciudadanos que se avergüenzan de que su municipio sea noticia por estos hechos bochornosos”, ha zanjado.