• Actualmente hay seis alcaldes y un concejal condenados y 42 cargos y afines al PSOE imputados.
  • El PP lamenta que “el PSOE mantenga en sus cargos a tres alcaldes condenados y a otros dos, colocados en la administración pública”.
  • El PP exige al PSOE responsabilidad hacia los sevillanos y que termine con la política de protección y tolerancia hacia los escándalos de sus políticos.

Juan Bueno

El Partido Popular de Sevilla ha exigido al PSOE que actúe de manera inmediata y contundente ante una nueva condena judicial a un miembro de su partido que se une a la larga lista de 49 socialistas condenados e imputados de la provincia de Sevilla.

El Secretario General del PP de Sevilla, Juan Bueno, que ha afirmado que “la última sentencia condenatoria a una alcaldesa socialista y la ausencia de reprobación e incluso el apoyo de Susana Díaz, en la primera reunión de su ejecutiva, a las imputaciones y condenas de sus políticos confirman que el  modelo político del PSOE en esta provincia está más cerca de corruptelas y escándalos que de un proyecto de futuro para los sevillanos”.

“Solo hay que analizar el reguero de condenas e imputaciones que los políticos del PSOE han dejado en esta provincia y que, sin duda, responde al abuso de poder que este partido ha mantenido durante años en los municipios sevillanos. Los datos son escandalosos: 49 cargos y afines del PSOE se han sentado o se sentarán en un banquillo, de los que seis alcaldes y un concejal están condenados y 42 son cargos socialistas y afines al partido que se encuentran imputados”.

Los políticos del PSOE condenados por la Justicia son: el exalcalde de Burguillos, José Juan López; el exalcalde de Guillena,  Justo Padilla; el alcalde y el exconcejal de Puebla del Río, Julio Álvarez y Juan Carlos Benítez, respectivamente; el alcalde de Huévar del Aljarafe, Rafael Moreno; la alcaldesa de Aguadulce, Isabel Ortiz y ahora la alcaldesa de El Madroño, María Josefa Rubiano”.

Bueno ha asegurado que “a estos siete políticos condenados, hay que sumarle 42 cargos socialistas y afines que se encuentran en estos momentos en un proceso judicial en calidad de imputados de los que 12 son alcaldes y exalcaldes, 10 son concejales y 20 son imputados afines al PSOE.

“Las condenas y las imputaciones de cargos socialistas está relaciones con delitos urbanísticos, malversación de fondos públicos, cohecho, tráfico de influencias, injurias, falsedad documental, prevaricación y las lamentables implicaciones en los ERE fraudulentos de los que, desgraciadamente, esta provincia ha sido protagonista”.

Según el dirigente popular, “sin embargo, la dirección provincial, no solo no ha rechazado y relegado a estos políticos, sino que los ha protegido, defendido e incluso los ha colocado en administraciones públicas para que, encima, los sevillanos tengamos que mantener a políticos condenados o en se encuentran imputados”.

“Solo hay que comprobar cómo, a pesar de las condenas, hay alcaldes que se mantienen en sus puestos al frente de sus ayuntamiento sin que, ni hayan tenido intención de dimitir, y sin que ni siquiera el PSOE sevillano haya intentado cesar tal y como se espera de un partido político que respeta las normas democráticas. En esta situación se encuentran el Alcalde de Huevar del Aljarafe, la Alcaldesa de Aguadulce y hoy, la alcaldesa de El Madroño”.

“Pero además, a los que no tienen cargo político, el PSOE se ha encargado de buscar una salida. Este es el caso de políticos como el exalcalde de Guillena, al que se le ha asignado un retiro dorado en la Mancomunidad de la Vega, o la ex alcaldesa de Villanueva del Río y Minas quien, a pesar de estar imputada por varios delitos e implicada en la trama de los ERE, Villalobos la colocó en Diputación como Directora de Área y ahora, Susana Díaz la ha premiado situándola en la nueva ejecutiva provincial”.

Bueno ha afirmado que “desde el PP esperamos que el PSOE termine con esta política de tolerancia y protección a políticos implicados en escándalos judiciales y que responda con responsabilidad a las demandas de los ciudadanos respetando las normas éticas que debe regir la gestión política”.