La parlamentaria popular por Sevilla Alicia Martínez ha recriminado este martes a la Junta de Andalucía la «estafa» que suponen sus ayudas al alquiler de vivienda, el «abandono» de sus políticas de vivienda protegida y la «parálisis» de su gestión en materia de nuevas infraestructuras públicas.

En rueda de prensa, Alicia Martínez ha expuesto que la propia Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha tachado de «estafa» los programas de ayudas al alquiler de vivienda de la Junta, porque «generan expectativas por ayudas que finalmente no llegan». Al respecto, ha manifestado que la convocatoria autonómica de ayudas al alquiler de 2015 cosechó 6.478 solicitudes en la provincia de Sevilla, pero sólo 1.948 solicitantes vieron aprobada su petición, para cobrar las ayudas «más de un año» después.
La convocatoria correspondiente al año 2016, según ha desgranado, se saldó de nuevo con 4.446 solicitudes denegadas en Sevilla y 1.946 aprobadas, si bien los adjudicatarios de las ayudas «no saben cuándo van a cobrar».

De otro lado, ha señalado los 1.489 desahucios contabilizados en la provincia de Sevilla durante 2016, avisando de que se trata de casos que afectan a familias que «no han encontrado ningún apoyo» por parte de la Junta de Andalucía. «Entre 2015 y 2016, en la provincia se han registrado 2.441 lanzamientos a pesar de la propaganda de Susana Díaz», los convenios de la Junta con el Consejo General del Poder Judicial o la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) o «las leyes aprobadas en materia de vivienda», ha dicho.

De la misma manera, ha criticado la «ineficiente gestión» de las aproximadamente 22.000 viviendas de titularidad autonómica que hay en la provincia, así como «el abandono» de las mismas, señalando que en el Polígono Sur, por ejemplo, los portavoces vecinales denuncian la actividad de «mafias» que actúan en la «compraventa» de viviendas protegidas.

Otro ejemplo que ha puesto es el de los alojamientos sociales de la promoción levantada en el barrio de San Bernardo por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), donde «hay viviendas vacías» pese a la demanda de las mismas, y la Junta reclama a los adjudicatarios «el IBI», cuando se trata de un impuesto asociado a la propiedad.
LAS SOLICITUDES DE VPO

En cualquier caso, ha expuesto que mientras en la provincia de Sevilla habría cerca de «40.000 personas» solicitando acceso a una vivienda protegida, ya sea en venta o régimen de alquiler, «la Junta ha decidido no promover ni una» sola VPO más, pese a contar con terrenos como los cedidos hace años por el Estado, para saldar un importe de 784 millones de euros, pendiente por la denominada deuda histórica del Estado con Andalucía.

También en materia de vivienda, Alicia Martínez ha señalado que después de «siete años sin convocar ayudas a la rehabilitación de vivienda», las convocatorias de subvenciones promovidas en 2015 y 2016 por la Junta, para apoyar a las comunidades de propietarios en obras de eficiencia energética y accesibilidad, se han traducido en la provincia de Sevilla, en la denegación de 394 solicitudes de comunidades de propietarios y la aceptación de la «ridícula» cifra de 84 peticiones por parte de las comunidades.

«El 82 por ciento de las solicitudes han sido desestimadas», ha protestado Alicia Martínez, advirtiendo de que al «el 50 por ciento de este programa ha quedado sin invertir».

EL METRO

Ya en materia de infraestructuras, ha recordando que la Junta de Andalucía «le debe a Sevilla» las líneas 2, 3 y 4 de metro, cuyos proyectos constructivos están listos desde 2011, con un coste estimado global de más de 3.700 millones de euros. Así, ha reclamado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que saque «del cajón» y la «parálisis total» los proyectos.

En ese mimos capítulo, ha manifestado que pese a la reanudación de las obras del tranvía de Alcalá de Guadaíra, paralizadas durante años, «tal y como van las obras, no será estrenado este año, toda vez que las obras de los tranvías proyectados para Dos Hermanas y el Aljarafe siguen sin dotación presupuestaria.

Además, ha insistido en que el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista 2020) deja «fuera» 50 actuaciones que los populares consideran «fundamentales» para la provincia, como las variantes de Osuna a Écija, las de Marchena, Utrera o Benacazón, o la carretera proyectada hace ya unos diez años en el Aljarafe, para conectar Camas con Sanlúcar la Mayor.

Por último, ha reclamado planes de actuación para la rehabilitación de barriadas, los centros de salud y los colegios, especialmente para que estos últimos gocen de climatización y sean espacios «habitables» frente al calor. «Susana Díaz nos ha defraudado. Es más de lo mismo de las políticas del PSOE», ha enfatizado.