Virginia Pérez

Virginia Pérez

El PP de Sevilla pedirá en el próximo pleno de la Diputación provincial, que la institución adelante 15 millones de euros a la Junta de Andalucía, competente en materia de construcción de centros educativos, para acabar con las 61 aulas prefabricadas o «caracolas» donde cerca de 1.500 niños sevillanos reciben clases.

La portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Virginia Pérez, y la diputada provincial Isabel Díaz han avisado este jueves, en rueda de prensa, de que el reciente comienzo de curso ha probado la «nefasta» política educativa de la Junta de Andalucía, con aspectos como los retrasos en los servicios de comedor escolar adjudicados a la empresa Catering Brens, las protestas de los docentes por la reducción de las vacantes asignadas a los maestros interinos en educación infantil y primaria o el conflicto de la implantación del francés como segundo idioma.

CAÍDA DE LA INVERSIÓN

Todo ello en un contexto en el que «el 72 por ciento de los centros siguen sin ser bilingües», mientras según los populares, entre 2012 y 2015 la Junta de Andalucía ha dejado de invertir unos cien millones de euros en las infraestructuras educativas de la provincia de Sevilla, donde unos 1.500 niños reciben clases en 61 aulas prefabricadas o «caracolas».

A tal efecto, las populares han recordado que en 2010, la Junta y la Diputación de Sevilla firmaron un convenio de colaboración para que 31 infraestructuras educativas concretas de la provincia se beneficiasen de una inversión de 30 millones de euros, porque años después ha quedado de relieve que la inversión se ha reducido a «15 millones de euros», para sólo once de las 31 iniciativas.

Entendiendo que la Diputación tiene «capacidad económica para adelantar dinero a la Junta» en esta materia, los populares propondrán en el próximo pleno de la institución provincial, una aportación de «15 millones de euros» desde la Diputación a la Junta, una cuantía «suficiente para acabar con esas 61 caracolas» y equivalente a lo que se «dejó de aportar» respecto al convenio de 2010.