Los parlamentarios populares por Sevilla Rafael Salas, Patricia del Pozo y Carolina González Vigo han advertido de que mientras la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea obliga a que en enero de 2015 la depuración llegue al cien por ciento del agua que circula por las redes, la Junta de Andalucía no está destinando a las instalaciones de depuración de aguas los 44,8 millones de euros recaudados en la provincia mediante la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía, que estipula un canon cuya recaudación no tiene otra «finalidad» que crear y mejorar equipamientos de este tipo.
Los dirigentes populares ha expuesto los efectos de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, que textualmente regula el «canon de mejora» de este servicio público con la «finalidad esencial de dar respuesta al principio de recuperación de costes». Este canon de mejora se traduce en una subida del precio del agua para financiar infraestructuras de depuración de aguas declaradas de interés en la comunidad de Andalucía. Por lo que se refiere a la provincia de Sevilla, según el PP, estas obras se elevaban a un número de 28 y sus proyectos sumaban más de 185,5 millones de euros.
EL DESTINO DEL DINERO
A día de hoy, según los populares, la aplicación de esta Ley con el correspondiente cobro del mencionado canon de mejora ha supuesto la recaudación de unos «44,8 millones de euros», según las cifras que baraja el PP, pero «no se ejecutan las obras» destinadas a fortalecer la red de instalaciones de depuración de aguas. «Es el timo del canon», han manifestado reclamando conocer «dónde están» los millones de euros recaudados a través de este canon.
Y es que, según los populares, de las 28 actuaciones de la provincia de Sevilla declaradas de interés general, sólo habría comenzado una en Palomares del Río y del conjunto de 87 actuaciones programadas en todos los aspectos de la depuración de aguas con efectos en 63 municipios, 53 están plenamente «pendientes» y seis están en fase de «redacción» de sus proyectos técnicos.
