• Pide optimizar la gestión de los fondos para «dar más atención a más personas mayores, con un servicio de calidad»
Virginia Pérez

Virginia Pérez

 La portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Virginia Pérez y la diputada provincial Isabel Díaz han apostado este miércoles por «adaptar a la realidad» el servicio de residencias de personas mayores de la institución provincial, dado que uno de los centros está cerrado, en los otros dos hay plazas libres y los costes de los servicios superan ampliamente la media, impidiendo que los fondos se aprovechen para «dar más atención a más personas mayores, con un servicio de calidad».

Las dirigentes populares han explicado que aunque la Diputación de Sevilla cuenta con tres residencias para la atención a personas mayores de 65 años, la de Cazalla de la Sierra lleva «un año cerrada», «con personal, en perfectas condiciones, pero sin usuarios», toda vez que en la residencia de Marchena habría 21 plazas aún sin ocupar y en la de San Roque, ubicada en el complejo de Miraflores, serían 12 las plazas libres, según el PP, que señala la «lista de espera» que hay para acceder a servicios de atención como los prestados en estos centros.

En ese punto, han señalado un informe de la Intervención General de la Diputación, que detecta «una desproporción desmedida entre el coste de los servicios» de estos centros y «lo que gasta la Diputación en prestarlos», avisando Virginia Pérez de que los fondos están siendo perdidos «por el sumidero». Y es que según el PP, en la residencia de Cazalla la plaza de cada persona suponía un coste de 190,34 euros por día, en la de Marchena 227,5 euros por día y en la de Miraflores 318 euros por día.

Todo ello, cuando el «coste medio» de estas plazas es de 65 euros por día en las residencias privadas, es decir «con beneficios», mientras la Junta de Andalucía estima que «el coste del servicio» por plaza y día es de 49,57 euros, según Virginia Pérez.

Dado el caso, el PP pide a la Diputación un «análisis específico» de estos servicios, para «adaptarlos a la realidad», optimizar la gestión de los fondos y «dar más atención a más personas mayores, con un servicio de calidad», conforme «a los costes medios», en lugar de perder fondos «por el sumidero».