Una sentencia judicial ordena la demolición de la misma y la inhabilitación de la alcaldesa por prevaricación en esta actuación
El PP de Aguadulce ha denunciado la intención de la alcaldesa socialista de “querer aprobar ahora la ampliación de una explotación avícola para cría y engorde de pavos que ya se realizó hace cinco años de manera ilegal y con el consentimiento de la alcaldesa”.
“La ampliación de la granja se hizo sin el proyecto de actuación ni los informes sectoriales perceptivos por el promotor, al amparo de una licencia irregular concedida por la alcaldesa a sabiendas de que no estaba avalada por los informes técnicos”, motivo por el que una sentencia judicial ordenó la demolición de la misma y condenó a la alcaldesa del PSOE a inhabilitación y multa por un delito de prevaricación.
Debido a ello, la portavoz popular, Isabel Márquez, ha mostrado su sorpresa al constatar la existencia de una resolución de alcaldía que ahora admite a trámite el proyecto realizado ilegalmente hace ya cinco años y ha acusado a la socialista “de no tener absolutamente ningún respeto por la justicia ni por los vecinos de Aguadulce”.
Márquez ha señalado que “además de desobedecer a la justicia en reiteradas ocasiones, tiene la desfachatez de actuar en contra del sentido común y de la legalidad, por lo que desde el PP vamos a exigir que se ponga fin a este sinsentido”.
“La alcaldesa no sólo no ha demolido la ampliación ilegal de la granja, sino que ahora pretende aprobar algo que ya se hizo ilegalmente, lo que lamentablemente parece que es un nuevo episodio de su peculiar forma de actuar, ya que estando condenada e inhabilitada se niega a dejar el sillón de la alcaldía saltándose la justicia a la torera”.
Así, el PP solicita en alegaciones que se declare nulo de pleno derecho la resolución 318/11 aprobada por la alcaldía el pasado mes de diciembre en la que admite la ampliación de la explotación agrícola, ya que “es totalmente contraria a la legalidad”.
Igualmente, pide que se no lleve a cabo ninguna actuación de ampliación en esta granja hasta que no se efectúe su demolición, dando así cumplimiento a la legalidad, y dar traslado de expediente completo de este asunto a las consejerías de Gobernación, Obras Públicas, Agricultura y Medio Ambiente para que intervengan en función de sus competencias.
El PP exige también que los concejales de la oposición puedan conocer de primera mano el expediente completo de demolición de la granja y que la alcaldesa socialista se abstenga de intervenir en cualquier tema urbanístico “por sus reiteradas falta de legalidad y respeto por la transparencia y el buen funcionamiento democrático”.
