La portavoz del PP en la Comisión de Educación en el Congreso, Sandra Moneo, ha expresado que “nos opondremos a cualquier intento de limitar el derecho de las familias al tratarse de algo innegociable”

Virginia Pérez denuncia “la persecución del PSOE de Susana Díaz y ahora de Pedro Sánchez a la educación concertada y que puede poner en grave riesgo la educación para más del 20 por ciento de los alumnos sevillanos”

La portavoz de la Comisión de Educación en el Congreso de los Diputados y diputada nacional, Sandra Moneo, y la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, han expresado “el compromiso del PP en la defensa de un derecho fundamental como la libertad de enseñanza, consagrada en la Constitución y, por tanto, en la libertad de elección que tienen las familias para elegir tanto centro como modelo educativo”.

Las dirigentes populares han mantenido hoy un encuentro con representantes del sector de la educación concertada de Sevilla con el objetivo de analizar la situación de este sector de la provincia.

La portavoz de Educación del PP en el Congreso ha afirmado que “cualquier reforma de futuro pasa por consolidar el acuerdo que hace 40 años nos dimos cuando se aprobó la Constitución Española” y ha considerado que “el artículo 27 es algo absolutamente innegociable, porque ha dado la posibilidad a las familias a desarrollar ese derecho fundamental. Cualquier administración tiene que defenderlo y nos vamos a oponer a los intentos de limitarlo”.

Sandra Moneo ha aseverado que “el Estado debe actuar como garante del derecho a la Educación en toda España y debe pronunciarse para garantizar ese cumplimiento de los preceptos constitucionales y comprometerse con el correcto funcionamiento de las leyes”.

La portavoz de la Comisión de Educación del Congreso ha explicado, de otro lado, que la intención del PP “es abrir un debate sobre la cuestión de la financiación de la enseñanza concertada en relación a los recursos que el Estado aporta a la red de centros concertados a fin de lograr la gratuidad total de los mismos”.

Por su parte, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha destacado que “en la provincia de Sevilla hay un total de 94 centros educativos concertados, 57 en la capital y 37 en la provincia, centros en los que se forma a más del 20% de los alumnos de la provincia”.

“Sin embargo, a pesar de que la educación concertada cumple un papel importantísimo para el sostenimiento de la educación sevillana el coste de una plaza pública en la provincia supone para la Junta de Andalucía 5.300 euros mientras que una plaza concertada sólo cuesta 2.220 euros, una situación que obliga a la mayoría de centros educativos concertados y a los padres a tener que sostener muchas veces a pulmón los servicios, actividades y el propio mantenimiento de sus colegios”.

Desde el PP apostamos por la convivencia entre educación pública y privada con el objetivo de garantizar el derecho a los padres a elegir colegio y modelo educativo. Así lo establece la ley, la constitución y hasta la justicia que está sentenciando una y otra vez que, por encima de intereses partidistas y de ideologías maniqueas, se encuentra el derecho de los padres a elegir modelo educativo.

Pero además, y por mucho que pretenda engañar el PSOE a los sevillanos, la educación concertada supone un auténtico servicio público puesto que está salvando los muebles a la propia administración autonómica garantizando plazas educativas ante la falta de inversiones en colegios.

El gobierno socialista que preside Susana Díaz lleva años persiguiendo también a la educación diferenciada con la decisión de eliminar un total de 27 conciertos para aulas en siete colegios sevillanos y que afecta a los centros educativos Altair, Ribamar, Ángela Guerrero, El Trébol, Albaydar, El Cható de Brenes y Nuestra Señora de Lourdes en Carmona. La Justicia ha puesto en su sitio al PSOE y a Susana Díaz”.

“Sin embargo, tras años de persecución, lo que no ha podido conseguir ante la justicia ahora el gobierno de Pedro Sanchez pretende conseguirlo a golpe de reformar la ley. Y es que el pasado mes de septiembre, la ministra de Educación anunció que la intención del gobierno de reformar la LOMCE para eliminar el concepto de ‘demanda social’ que hasta hoy permitía proteger legalmente el derecho de los padres a elegir el centro. Desde el PP de Sevilla vamos a trabajar cada minuto por poner fin a esta inadmisible persecución e impedir que el PSOE vulnere los derechos de los padres a elegir cómo quieren educar a sus hijos”.