• “La política de despilfarro del Gobierno municipal socialista, que gastó en 2017 un millón de euros más de lo previsto, echa por tierra el actual plan de Ajuste y obliga a un nuevo plan económico financiero”

El Grupo Municipal del PP en Alcalá de Guadaíra ha alertado de que el Ministerio de Hacienda podría intervenir las cuentas del Ayuntamiento, ya que al haber superado en un millón de euros el presupuesto de 2017 debía elaborar un plan económico financiero, algo que, hasta el momento, no ha hecho.

El Grupo Popular denuncia que la liquidación de los presupuestos de 2017 del Ayuntamiento de Alcalá ha sacado a la luz que “el Gobierno municipal gastó un millón de euros más de lo presupuestado. Esto no es sólo una muestra más de la ineficacia y el despilfarro en la gestión por parte del gobierno socialista sino que pone al Ayuntamiento en una situación muy delicada y, con ello, los servicios municipales y a todos los alcalareños”.

“El incremento del gasto en 2017 se suma al que ya se produjo en 2016 y echa por tierra el Plan de Ajuste elaborado para el período 2012-2020. Además, este desfase en las cuentas obliga a elaborar un plan económico-financiero de reducción de gastos, como ya le ha reclamado la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía”.

“Las consecuencias de no presentar ese plan de económico-financiero de reducción de gastos serían muy graves. En primer lugar implicaría una retención de créditos que mermaría la capacidad financiera del Ayuntamiento. Luego, obligaría a constituir un depósito en el Banco de España hasta que se apliquen las medidas de reducción y, lo más grave, el Ministerio de Hacienda enviaría una comisión de expertos”.

“Los `hombres de negro de Montero´ vendrían para valorar la situación económica del Ayuntamiento y con capacidad para tomar medidas muy duras de reducción de gastos”.

“Ante esta situación, el Gobierno socialista ha presentado un plan de reducción de gastos con un planteamiento erróneo, ya que se basa en reducir los gastos de personal en dos millones de euros en dos años. Eso supone que no se podrán hacer contrataciones durante ese período de tiempo, algo que, dado el problema de personal que tiene el Ayuntamiento, con importantes carencias en servicios tan básicos como bomberos, policía o atención al ciudadano, sería un desastre”.

“Para el Grupo municipal popular las restricciones deben dirigirse a los gastos superfluos y no al personal, por ejemplo reduciendo el número de oficinas que tiene para recaudar impuestos, Arca, Opaef y Registro de la Propiedad. Hay que reducir despilfarros inútiles y no en un personal necesario para cubrir los servicios a los ciudadanos”.