La parlamentaria autonómica del PP por Sevilla, Alicia Martínez, ha denunciado que el PSOE ha vuelto a dejar en la estacada a las familias que quiere regularizar sus viviendas.

En concreto, unas 50.000 viviendas de toda la provincia se encuentran en esta situación. Según Martínez, «nos hemos reunido en diferentes ocasiones con los responsables de los municipios y estamos en el mismo punto de partida. Es necesario una solución real y llevar a cabo modificaciones legales para regularizar las parcelaciones ilegales levantadas en la provincia de Sevilla después de que la Junta no haya sido capaz de establecer un criterio común a la problemática.

En este sentido, la parlamentaria popular ha insistido en que «todo sigue igual desde 2008, pese a que desde el PP hemos presentado iniciativas al respecto».

Esta ley, que tenía que haber entrado en el Parlamento en este periodo de sesiones para modificar la Ley de Ordenación urbanística de Andalucía, es otra de las leyes que se queda colgada tras el adelanto electoral», ha asegurado Martínez.

Sólo en el municipio de Arahal, se contabilizan 1.600 viviendas ilegales, 80 imputados y al menos una quincena de propuestas de derribo. Castilblanco, Cantillana, Pilas, Coria, Morón, Cazalla de la Sierra, Castilleja de Guzman, El Madroño, Constantina, Alcalá de Guadaíra, El Cuervo, Las Cabezas, Utrera y Carmona, y El Viso son algunas de las localidades sevillanas que vienen sufriendo el desaguisado urbanístico dado en la provincia en la última década.

«Desde el PP no proponemos una amnistía total, porque sería beneficiar a personas que se saltaron la ley, lo que queremos es que la cumplan ahora, aplicar el sentido común que permitan la regularización de las viviendas construidas en suelo no urbanizable, salvo aquellas que se levanten en suelo especialmente protegido o con riesgo de inundación que deben ser revisadas para que su uso se vaya extinguiendo.

«El problema es que los municipios no tienen aprobados los PGOU por la nefasta gestión de la Junta. Y en muchos casos los propios ayuntamientos no han dispuesto de las herramientas para frenar este problema, sin encontrar tampoco soluciones de la Junta. Es el caso del El Viso del Alcor, que lleva 12 años para aprobar el PGOU, y ahora que por fin se aprueba provisionalmente el PGOU, con los votos incluso del PP para solucionar los problemas de las urbanizaciones, vuelve a quedarse nuevamente estancado», ha explicado Martínez.

Por último, la parlamentaria popular ha lamentado que «el gobierno andaluz ha mantenido una actitud irresponsable y tiene mucho que aclarar, no ha tomado medidas a tiempo y ha ido por detrás de los municipios pese a que es un problema conocido y reconocido por la Junta «desde hace once años.

«Todo pese a que Susana Díaz la que dijo que iba a regularizar del orden de 25.000 viviendas en Andalucía e incluso se aprobó el Decreto el 7 de octubre. También se iba a tramitar una ley que lo hiciera posible… hechos que demuestran una vez más el PSOE ha dejado a esas familias en la estacada».