La vicesecretaria general del PP-A y diputada provincial de Sevilla, Virginia Pérez, ha advertido este miércoles de que la Junta de Andalucía acumula transferencias pendientes de consumar en favor de los ayuntamientos de la provincia por valor de más de 130 millones de euros. Los populares, por eso, piden ejecutar «íntegramente» el Plan de Cooperación Municipal de la Junta de Andalucía y acelerar las transferencias a las administraciones locales.
La rueda de prensa de Virginia Pérez ha girado en torno al decreto Ley promovido por el Gobierno andaluz de PSOE e IU-CA, para el «blindaje» de 29 competencias en favor de los ayuntamientos, frente a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, la conocida como ‘reforma local’, que incide especialmente en las competencias de los consistorios.
La conocida como reforma local, en ese sentido, reconoce como competencias «propias» de los ayuntamientos el urbanismo, la vivienda protegida, el medio ambiente urbano, el abastecimiento de agua, el viario público, la Policía Local, el tráfico urbano o la promoción turística. Por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre otras materias, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.
El decreto andaluz, principalmente, parte de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), para reconocer las citadas 29 competencias como propias de los ayuntamientos, interpretando la reforma local en el sentido de acotar al máximo el concepto de duplicidad para no interferir en la capacidad de autogobierno. De este modo, se considera que sólo se dará esta circunstancia si las competencias que los municipios ejercen coinciden con las de la Junta en el mismo territorio y para la misma población, y si no son complementarias.
COMPETENCIAS «IMPROPIAS»
En esta línea, se regula el procedimiento para el ejercicio de las competencias denominadas ‘impropias’ o por delegación, así como el relativo a la adaptación de los convenios firmados entre las administraciones autonómica y local para la financiación de las mismas. El decreto Ley, además, surge en paralelo a la impugnación de la mencionada Ley nacional ante el Tribunal Constitucional.
Dado el caso, Virginia Pérez ha lamentado que el Gobierno andaluz cargue, por duplicado, «contra una ley del Gobierno central que ordena las competencias y la financiación de los ayuntamientos» por pura «estrategia de confrontación» con el ejecutivo central del popular Mariano Rajoy. «La presidenta Susana Díaz y el vicepresidente Diego Valderas pretenden seguir sin asumir las competencias que tiene que prestar la Junta», ha enfatizado. Al respecto, avisa de que PSOE e IU-CA «disfrazan de municipalismo» la «asfixia» que provocan a los ayuntamientos al dejar que los mismos hagan frente a determinados servicios «que tienen que ser financiados por la Junta».
En ese sentido, ha avisado de que el Plan de Cooperación Municipal incluido en los presupuestos de la Junta de Andalucía, que contempla transferencias a los ayuntamientos por la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma y las competencias «impropias» que ejercen los mismos, acumula en los últimos cuatro años más de 560 millones de euros en materia de transferencias pendiente de consumar. Los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, según explica, esperan transferencias por valor de más de 130 millones de euros como consecuencia de este aspecto.
Por motivos como este, y por los 1.028 millones de euros «sin ejecutar» pero contemplados en el Plan de Cooperación Municipal, el PP promoverá en los plenos de los ayuntamientos y de la Diputación provincial mociones para instar a la Junta a «ejecutar íntegramente» dicho plan, no reservarse «ni un céntimo de euro» del mismo y «acelerar» las transferencias a los ayuntamientos, sobre todo en lo que se refiere a las materias de servicios sociales y empleo.
