La parlamentaria autonómica del PP por Sevilla Carolina González Vigo y la diputada provincial Juana Rodríguez han avisado este jueves de que la Junta de Andalucía ha ejecutado «el 0,05 por ciento» de los aproximadamente 127 millones de euros consignados en los últimos cuatro años para trabajos forestales y selvicultura preventiva en la provincia de Sevilla. El ámbito rural de la provincia, según han avisado, ha perdido más de un millón de jornales a cuenta de este déficit de ejecución, con los consiguientes riesgos en materia de prevención de incendios forestales.
En rueda de prensa, ambas dirigentes populares han explicado que, por lo que a políticas forestales y de medio ambiente se refiere, el Gobierno andaluz de José Antonio Griñán había asumido para los últimos cuatro años «compromisos» presupuestarios con la provincia de Sevilla por valor de 127 millones de euros en materia de selvicultura preventiva y otras labores, muchas de ellas relacionadas con la prevención de incendios forestales.
No obstante, y según González Vigo y Rodríguez, ha día de hoy estos compromisos presupuestarios sólo se han materializado en la «ejecución» de labores por valor de aproximadamente 700.000 euros. Tal extremo, según han manifestado, se traduce en la pérdida de cerca de «un millón de jornales» en el mundo rural y 126 millones de euros que la Administración autonómica «ha dejado de invertir».
«Han ejecutado sólo el 0,05 por ciento de lo que los consejeros han vendido en los últimos años», ha señalado González Vigo señalando que estas labores estaban presupuestadas conforme a un programa de la Dirección General del Medio Natural para el fomento de las políticas forestales y el mundo rural.
Igualmente, han avisado de que si en 2008 el Gobierno andaluz anunciaba para el conjunto de la región inversiones por valor de 640 millones de euros anuales en políticas forestales, esta materia sólo recibe «90 millones de euros» en los presupuestos autonómicos de 2012. «El recorte se come el 86 por ciento», han señalado comparando una cifra con la otra y avisando de un «atentado y engaño al mundo rural».
Porque González Vigo teme que estos 90 millones de euros no se traduzcan en labores de campo encargadas a «las empresas forestales y los hombres y mujeres del mundo rural», sino en trabajos para la Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (Egmasa), al objeto de que esta empresa pública «tape sus agujeros» financieros.
