La parlamentaria autonómica del PP por Sevilla Alicia Martínez ha advertido este jueves de que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha dejado sin ejecutar más de 63 millones de euros en la provincia de Sevilla entre 2010 y 2014, pese a la dramática lacra del paro, que según la última encuesta de población activa (EPA) afecta al 31,34 por ciento de las personas en edad de trabajar.
En rueda de prensa, Alicia Martínez ha avisado de que Andalucía vive un «escenario de corrupción, desmadre y descontrol» en materia de empleo, en referencia a la administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, destinada precisamente a combatir el paro, las «subvenciones millonarias» entregadas por la Junta de Andalucía a empresas para cursos de formación finalmente no impartidos, así como la «sospecha» que recae ahora sobre las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico, las UTDLT.
Mientras tanto, según Martínez, el SAE «dedica casi el 80 por ciento» de sus recursos económicos a «gastos corrientes, de infraestructuras y de bienes y servicios», con lo que «el dinero de los parados se lo come la Junta en (su propia) estructura».
En este contexto, ha expuesto que según datos del propio Gobierno andaluz, en la provincia de Sevilla, el SAE redujo «drásticamente» sus partidas económicas entre 2010 y 2014, porque en dicho periodo cayeron «un 77 por ciento» las partidas destinadas por el SAE a Sevilla. Pero es que además, según Martínez, el SAE dejó sin ejecutar «más de 63 millones de euros» del volumen total de casi 500 millones con el que ha contado entre 2010 y 2014. En 2014, por ejemplo, el SAE sólo ejecutó el 36 por ciento de los 36,48 millones de euros que le fueron atribuidos para la provincia de Sevilla.
«Todo esto es consecuencia de las políticas de corrupción del PSOE», ha criticado avisando de que 2013 y 2014 fueron los años en los que más creció la falta de ejecución de programas del SAE, años en los que la Consejería de Empleo estaba «sumida» en una estrategia destinada a «tapar» los diferentes casos de presunta corrupción que afronta dicho departamento. Todo ello cuando «no se convocan las escuelas taller, ni se hacen cursos de formación a los parados ni se convocan nuevas ayudas a los autónomos», ha enfatizado.
