El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, ha ratificado la supuesta responsabilidad de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, respecto a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Bueno ha vinculado a la consejera con un «regalo» en forma de terrenos de titularidad autonómica y dinero público del que habría gozado entre 2005 y 2007 Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla e imputado en las diligencias del caso de los ERE a cuenta de las subvenciones autonómicas recibidas con destino a su actividad empresarial.
En concreto, Juan Bueno ha esgrimido un convenio firmado en 2004 entre el Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, entonces gobernado por el PSOE, y las empresas ‘Electrón Service Line’, ‘Uprasa Inversiones’ y ‘Enoworld’, empresas que ha vinculado con el propio Ángel Rodríguez de la Borbolla. Este convenio refleja el «compromiso formal» de la Junta de ceder al Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Patrimonio, la propiedad y dominio de una parcela rústica.
SUBVENCIONES PÚBLICAS
El acuerdo señala una «triple iniciativa empresarial» de ‘Electrón Service Line’, ‘Uprasa Inversiones’ y ‘Enoworld’ en Villanueva del Río y Minas y, dado el caso, plasma el compromiso del Ayuntamiento de vender a estas empresas 14 hectáreas de la citada finca a un precio de 252.000 euros, comprometiéndose además el Consistorio a «conceder una subvención a las tres empresas por importe igual al coste del terreno que se adquiere».
Así, Juan Bueno ha expuesto un documento fechado en mayo de 2005 por la Consejería de Economía y Hacienda, entonces dirigida por José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta, y que firma «por delegación» Carmen Martínez Aguayo, por aquel entonces viceconsejera de dicho departamento. A través de este documento, la Consejería de Economía y Hacienda acordaba la «enajenación directa» al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas de suelos de titularidad autonómica en dicho municipio valorados en 220.256 euros. Finalmente, la documentación expuesta por Juan Bueno incluye un convenio fechado el 26 de julio de 2007 y gracias al cual la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, entonces bajo el mando de Francisco Javier Guerrero, encomendaba la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) «la materialización singular» de una «ayuda específica» al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas, con cargo a la partida presupuestaria 31L, por valor de «hasta 250.000 euros», mediando otro documento firmado únicamente por Francisco Javier Guerrero que alude a una «subvención directa» de 220.256 euros al citado Ayuntamiento.
TODO UN «REGALO»
«La Junta vende los solares al Ayuntamiento y le concede una subvención para pagarlas. Luego el Ayuntamiento vende los terrenos a Borbolla y le da también el dinero. Al final, Borbolla tiene gratis los terrenos de la Junta y el dinero público», ha resumido Juan Bueno. En ese sentido, el presidente del PP de Sevilla señala que «el regalo de estos terrenos a Ángel Rodríguez de la Borbolla» no habría sido posible «sin la ayuda del ‘fondo de reptiles’ que gestionaba Guerrero y sin la firma de Griñán o, en su caso, de la viceconsejera» Carmen Martínez Aguayo.
En la misma línea, ha defendido que esta documentación manifiesta de manera «clara» las «relaciones» entre las consejerías de Empleo, sometida a una intensa investigación judicial a cuenta de los hechos, y de Economía y Hacienda, en aquella época encabezada por Griñán con Martínez Aguayo como viceconsejera. «Si Aguayo entiende que los exconsejeros –de Empleo–, José Antonio Viera y Antonio Fernández tienen al menos responsabilidades políticas, ella deberá entender que, conociendo que ambas consejerías abordaban juntas determinadas operaciones, es lógico que yo diga que tanto ella, como Griñán, hoy también deberían tener responsabilidad», ha enfatizado.
«CONOCÍA EL ENTRAMADO»
«Esta es una trama en la que ha participado el equipo de gobierno del que ella formó parte», avisa Juan Bueno, quien defiende que la propia Martínez Aguayo tomó parte del «gabinete de crisis creado en el seno del Gobierno andaluz» después de que en 2009 comenzasen a hacerse públicos los hechos investigados. «Tendrá que decirnos si este gabinete de crisis abordaba las ayudas de Villanueva del Río y Minas que ella firmaba», dice Bueno, para quien «está claro que Martínez Aguayo conocía desde entonces el entramado de los ERE».
Así, ha considerado que la demanda civil aludida por la consejera es una «mera huida hacia adelante» que prueba que los socialistas están «muy nerviosos» y que ya prima entre ellos una estrategia de «sálvese quien pueda».
